El Partido Patria Querida denunció que el oficialismo colorado, con sus dos ministros en el TSJE, busca manipular las inscripciones y la depuración del padrón nacional, lo que constituye preparativo para un inminente fraude electoral, para evitar un triunfo opositor en el 2008.
En conferencia realizada ayer en el local de Patria Querida, sus dirigentes expusieron algunos datos reveladores sobre manipulación del padrón nacional por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Responsabilizan de los hechos a los dos ministros que responden al oficialismo colorado, Juan Manuel Morales y Rafael Dendia.
Denunciaron la resolución del TSJE respecto a la salida de todos los funcionarios patriaqueridistas de la institución, dispuesta el 11 de junio pasado. Con esa medida deja fuera del proceso de control de inscripción electoral al PPQ, expuso el diputado Sebastián Acha. Dijo que la cesantía es una represalia porque este partido no acompaña el pedido de ampliación presupuestaria para el TSJE y por el control que realizan.
Entre las irregularidades expuestas mencionó que más de 24.000 cédulas son utilizadas en forma fraudulenta, porque ellas corresponden a personas fallecidas, pero vueltas a utilizar a nombre de otros ciudadanos. Una muestra de la denuncia se puede apreciar en el facsímil que se reproduce en esta página. Se trata de Bruno Gustavo Rumich Recalde, quien figura como fallecido (i), pero con el mismo número de cédula aparece inscripta en el padrón y votó en el colegio John F. Kennedy de Loreto una persona de nombre Virginia Ayala de Larriera (d).
También personas privadas de su libertad votan en elecciones y figuran en los padrones, así como inscripciones realizadas con cédulas inexistentes, según la Policía. Mencionó Acha que en agosto del año pasado denunciaron los traslados indiscriminados y fraudulentos, pero las denuncias hechas ante la Justicia Electoral y la Fiscalía General duermen en los cajones. Igualmente denunció la superpoblación de algunas oficinas del Registro Electoral. Atribuyó esto al pago de factura política a partidos que apoyan las ampliaciones presupuestarias de la Justicia Electoral.
Aclaró que la denuncia hecha no se centra en los cargos que ilegalmente se están quitando a PPQ, sino en el inminente fraude electoral que se prepara para evitar un eventual triunfo de la Concertación en las elecciones del 2008. Pedirán tratar el tema en la Concertación Nacional.
El Estado paraguayo, en su última respuesta a la OEA, volvió a ratificarse en su supuesta hipótesis de que Enrique “Kike” Galeano se habría fugado voluntariamente. Intenta, con esto, evitar la responsabilidad de procesar a gentes vinculadas con la desaparición, sostiene el SPP.
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| La movilización organizada por el SPP el 3 de febrero pasado. La organización considera aberrante el libreto del Estado en la desaparición de Galeano. |
Para mantenerse en esa hipótesis, se agregaron al expediente supuestas declaraciones de un hermano de Enrique, de nombre Miguel, quien, según la fiscalía, se comunicó unos meses después de la desaparición. También se agrega una declaración de la madre del comunicador. Esta supuestamente dijo que la señora de Enrique, Bernardina Quintana Riquelme, le “pegaba luego”. Estos dos elementos se agregan a la respuesta anterior, donde el Estado había asumido que Galeano tenía marcada tendencia “a la fuga, a la desaparición y a la vida y cultura de calle”.
El secretario general en ejercicio del SPP, Vicente Páez, sostiene que esta nueva respuesta del Estado confirma todas las denuncias de la organización, en el sentido de que todo lo que hace el Estado, a través de la Fiscalía, la Policía, la Procuraduría, es desviar sistemáticamente la responsabilidad de los sospechosos de la desaparición del periodista, el diputado colorado Magdaleno Silva, “tayra” de Nicanor Duarte Frutos; el comisario Osvaldo Núñez y el narcotraficante Luis Das Rochas, alias Cabeza Branca.
La respuesta del Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA es a raíz de la denuncia que presentara el SPP, bajo patrocinio del abogado Andrés Ramírez. El SPP sostiene que el Estado es responsable de la desaparición forzada de las personas y presume la alta responsabilidad de los organismos del Estado en encubrir todo lo relacionado al hombre de prensa que desapareciera el 4 de febrero de una localidad denominada Azotey, próxima a Yby Yaú, del departamento de Concepción. La Policía había cerrado el caso con la historia de que se había fugado con una trabajadora sexual. Luego se intentó “desviar más” señalándose que estaría en Brasil a causa de una lepra. En la última audiencia pública en el Senado, a pedido del SPP, la fiscalía dijo que disponía datos muy serios de que se encontraría por el Chaco argentino. “Todo es montaje, libreto, con el que quieren eludir la responsabilidad de buscar realmente al compañero y castigar a los responsables”, sostiene el secretario de Relaciones del SPP, Eduardo Arce.
El secretario de Interior del SPP, Pedro Benítez, recuerda que durante las misiones emprendidas por la organización a Concepción, se llegó a desnudar la existencia de unas cuarenta víctimas del “gatillo fácil” y cuatro desaparecidos, como Enrique Galeano. Este escenario es omitido adrede por el Estado, básicamente para proteger a sus redes políticas y mafiosas, entiende Marco Castillo, encargado de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
LA RESPUESTA
El abogado Andrés Ramírez se encuentra preparando en la actualidad la postura del SPP ante la posición del Estado. Es aberrante la respuesta, dice en un comunicado el SPP.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay acordó con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional-Py el tratamiento del caso Enrique Galeano, de lo que resta del proceso. El SPP había denunciado al Estado por la desaparición forzada del comunicador, con patrocinio del abogado en DD.HH. Andrés Ramírez. Este vínculo reforzará la tarea de vigilar el proceso internacional, asegura Marco Castillo, del SPP.
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Se había denunciado al Estado por su responsabilidad en desaparición forzada. El Estado es responsable de la integridad de las personas. También ante la evidencia clara de la inacción de los organismos policiales y judiciales y la posible participación de esos elementos, incluidos el político, como el del diputado Magdaleno Silva, recuerda el dirigente, a cargo de la denuncia desde el SPP.
Enrique Galeano fue desaparecido el 4 de febrero de Azotey, Yby Yaú. El SPP sostiene que lo desaparecieron por orden del narco Luis Das Rochas, alias Cabeza Branca, en complicidad con el diputado Magdaleno Silva y el comisario Osvaldo Núñez.
El primer libreto policial intentó sostener que Galeano se fue con una trabajadora sexual cansado de su vida familiar. Luego la fiscalía, a cargo de Camila Rojas, señaló que tenía “tendencias a la fuga, a la desaparición y a la vida de calle”. Ahora, en una nueva respuesta a la CIDH, se reafirmó en esta hipótesis, que a criterio de los dirigentes del SPP, no es más que un ardid para evitar procesar a gente de peso en la zona, que hace y deshace a su antojo, como Silva, a quien lo encuentran como representante político de la mafia en la zona.
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