Noticias del 16 de Mayo de 2007

El Día de la Madre a través de internet

 

Jucio contra joven estudiante podría concluir en la fecha

 

 

Persiguen y acallan radio en Pdte. Franco, como en la era stronista

 

Tras una intensa persecución política y judicial, hace un mes cerraron la radio Tekoporã de Ciudad Presidente Franco. Molestaba al poder político y económico de Alto Paraná por su compromiso militante con la gente y sus urgentes demandas.

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Así como ocurriera con radio Ñandutí durante la dictadura, a radio Tekoporã le han perseguido hasta que se cerró un mes atrás.

El estudio, ubicado en la parroquia Virgen de Fátima, está intacto y la gente ansiosa por recuperar la voz. La voz de esta gente, sencilla, de amas de casa, mesiteros, jornaleros, es muy poderosa. Es la voz de gente organizada, que discute y enfrenta sus problemas organizadamente, algo que el poder político y económico teme, algo que hay “que destruir por ser muy mal ejemplo”.

“Hasta terrorista” nos han llamado, cuenta Bartola Fernández, una de las encargadas de la radio. Ella, al igual que Celestino Chamorro, Virginia Araújo y otros, tuvieron orden de captura por “perturbar el orden y la paz pública”, cuando promovieron una manifestación frente a la Municipalidad de Ciudad del Este por una serie de demandas sociales. Estas órdenes fueron de las primeras medidas para desalentarlos. “Oipe’a orehegui enterovemba’e ha ko’aga orereja sin voz”, suelta firme Virginia Araújo.

Esta radio, como muchas, nació comunitaria. Con el tiempo, sin dejar de serlo esencialmente, fue precisando ampliar el campo de cobertura, “porque somos de distintas comunidades” de Alto Paraná.

Un reconocido gestor ante Conatel, César Zelada, se acercó a la parroquia y al movimiento popular para ofrecer sus “buenos oficios de feligrés”. Por 20.000 dólares, que la parroquia consiguiera, le fue cedida la frecuencia, a nombre, en Conatel, de Hugo Giménez. Pero la radio no “era lo que el dueño” de la frecuencia pensaba, para rezos, homilías y “cuestiones parroquiales”, diría luego en una nota de escribanía, exigiendo al movimiento y a la parroquia desocupar la frecuencia, sino querían verse en problemas judiciales. Cuatro años estuvieron al aire con la frecuencia comercial, hasta que un mes atrás, cuando volvieron a exigir la transferencia, el dueño ordenó la desocupación y depositó los 20.000 dólares. Ahora la frecuencia está utilizada junto con otras, desde un mismo estudio, sin programación, a la “espera del mejor postor”, según Celestino Chamorro. La frecuencia se desocupó inmediatamente, por temor a que un día vinieran a destruir los equipos y se apresara a la gente. “Están muy acostubrados a hacer esto”, dice el padre Juan Antonio Palacios.

 

 

 

Magistrados del interior definen esta semana si atenderán o no caso Ycuá

 

A más de cuatro meses de la suspensión del juicio oral y público por el incendio del Ycuá Bolaños V, el tribunal de sentencia que deberá juzgar el caso sigue pendiente de integración. Esta semana, los jueces sorteados para integrar el tribunal deben informar si atenderán o no la causa.

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La presidenta de la Corte Alicia Pucheta, atenta a los reclamos del Dr. Roberto Almirón, una de las víctimas de la tragedia.

En ocasión del último sorteo realizado en la semana pasada en Paraguarí, resultaron sorteados el juez de liquidación y sentencia Germán Torres, el juez de garantías Blas Francisco Cabriza Rojas y la magistrada penal de la adolescencia Victoria Ortiz Riveros como presidente y miembros titulares, respectivamente. La jueza de Ybycuí Bibiana Teresita Benítez de Garay y el juez de Carapeguá Víctor Manuel Vega González han sido designados como suplentes.

Indignados ante las sucesivas inhibiciones de los magistrados, familiares de víctimas de la tragedia se manifestaron en la mañana del lunes pasado ante el Palacio de Justicia, ocasión en que cuestionaron duramente lo que calificaron de “actitud cómplice” de los magistrados con los acusados y los cuestionados jueces Manuel Aguirre y Elio Ovelar.

“Nosotros decimos que la gente que se fue inhibiendo evidentemente no tuvo coraje para tomar la causa. Muchos, ya tirándose un manto de impunidad y abriendo el paraguas como se dice vulgarmente, habían firmado aquella carta en apoyo a Aguirre (Manuel) y a Ovelar (Elio) cuando había serias denuncias de que ellos habían vendido nuestra causa”, manifestó Liz Torres, al explicar el motivo de la manifestación.

Familiares de víctimas del Ycuá Bolaños V protestan ante tribunales, indignados por la imposibilidad de integrar el tribunal a causa de las sucesivas inhibiciones de jueces.

El primer juicio oral y público por esta causa se anuló tras hechos de violencia suscitados el 3 de diciembre pasado, durante la lectura parcial de la sentencia, cuando se informó que los jueces Ovelar y Aguirre votaron por la calificación del caso como homicidio culposo, y no doloso. La presidenta del tribunal María Doddy Báez votó por la calificación del caso como homicidio doloso.

La pena prevista para el hecho punible de homicidio doloso puede llegar hasta 25 años de cárcel, mientras que la sanción establecida para homicidio culposo no supera los 5 años de prisión.

A la fecha, más de cincuenta jueces ya se han excusado de entender en este caso, tanto en la primera como en esta segunda etapa.