La Posición Paraguaya Ante La Crisis En Bolivia

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Una de las primeras medidas, en materia internacional, para el gobierno de Fernando Lugo, es posicionarse en lo concerniente Bolivia; dentro del marco del respeto a la soberanía de este pueblo y estado hermano.

En el pasado fuerzas foráneas a Bolivia y Paraguay llevaron a ambos pueblos a un enfrentamiento fratricida por las reservas hidrocarburíferas del Chaco boreal. Más de 50 mil jóvenes (entre bolivianos y paraguayos) murieron trágicamente para que unos barones del petróleo se enriquecieran en EE.UU.

Hoy, los herederos de esos barones; con mucha más demencia rapiñadora; desean fervientemente que los vientos de guerra soplen nuevamente en la región. Ya comenzaron su plan con una guerra mediática y desinformativa sobre lo que pasa en Bolivia. La cuestión es bien sencilla: Las oligarquías corruptas de las provincias más ricas de Bolivia, destacándose Santa Cruz, desean aniquilar a Bolivia mediante una secesión encubierta; que llaman autonomía. Cuentan con el apoyo del gobierno de George W. Bush. El gobierno de Evo Morales, electo democráticamente y el primero que se orienta en luchar verdaderamente contra la pobreza y la corrupción, se reafirma al recordar que la constitución boliviana es categórica al respecto: El territorio y la república de Bolivia es unitaria. Lo mismo se puede leer en la constitución de Paraguay.

Desde el punto de vista de la legislación boliviana, la consulta popular irregular que dispuso la gobernación de Santa Cruz carece de toda legalidad y legitimidad nacional e internacional. En el caso de Paraguay, sería como que los villarriqueños realmente se tomen en serio la idea de separarse de Paraguay (apoyados por la embajada de EE.UU.) Por supuesto, sería absolutamente irracional. Volviendo al tema legal, está claro que la consulta irregular no solo no puede ser reconocida por gobierno alguno, sino que incluso obliga a que todos los estados de la región se declaren a favor de respetar el orden jurídico interno de Bolivia (de hecho la OEA ha dispuesto lo correspondiente) Ello sin inmiscuirse en asuntos internos y soberanos del pueblo boliviano (algo que los medios corporativistas intencionalmente desinforman)

De todas maneras, una solución no violenta al tema está a la vista. Los gobernadores bolivianos que llaman a la consulta irregular eventualmente serán enjuiciados según el orden jurídico de Bolivia (en Paraguay lo que hacen se tipifica como asonada y levantamiento contra el orden constitucional) luego podrían ser removidos de sus cargos. Todas sus disposiciones, al ser ilegales, son nulas y sin valor alguno y una vez aclarado ello, la crisis boliviana acabará sin mayores sobresaltos. Lo único que pueden intentar estos líderes “autonomistas” es imponer por la fuerza sus irregularidades.

El que en Bolivia se esté intentando gestar una guerra civil no es ninguna novedad, los medios corporativos mercantilistas hace tiempo soliviantan esta idea, dentro y fuera de Bolivia. Ningún estado puede inmiscuirse en asuntos internos de Bolivia (al menos no de derecho) aunque ya subterráneamente un poder internacional se inmiscuye. Pero tampoco las fuerzas internas de Bolivia pueden intentar involucrar a los demás estados en sus conflictos artificiales. Es por ello que, bajo ningún aspecto, los estados vecinos a Bolivia pueden admitir que las fuerzas “autonomistas” se provean de armas. Los “autonomistas” solo tienen la vía de la fuerza ilegal para intentar imponer su aniquilación de la república unitaria de Bolivia. Para ello necesitan urgentemente de armas.

Es en este punto que el gobierno paraguayo tiene un gran desafío: El de reforzar militar, policíaca y ciudadanamente la frontera con Bolivia. Bajo ningún aspecto se puede permitir que el tráfico de armas y drogas hacia Bolivia continúe. Hace años que se viene denunciando un movimiento de este tipo hacia el país vecino, hace un año atrás cayó el dueño de una casa de armas con un verdadero arsenal de guerra en su casa. En aquélla ocasión el fiscal Arnaldo Giuzzio encontró hasta bombas plásticas militares en la casa del procesado; incluido chalecos y cascos antibala, aparatos de GPS y de telecomunicaciones satelitales, entro otros.

Otro punto delicado es la pista aérea militar que EE.UU. tiene en el Chaco paraguayo (algo ilegal según la constitución paraguaya, ya que el gobierno de EE.UU. abiertamente se declara en guerra preventiva-ofensiva y Paraguay ha renunciado a la guerra ofensiva en forma constitucional, por tanto no puede admitir instalación militar alguna de la nación del norte) El gobierno y la ciudadanía paraguaya están obligados a ejercer el control estricto sobre dicha pista. No se puede permitir que el gobierno de George W. Bush realice operaciones encubiertas o entregas clandestinas de armas a través de esa pista aérea.

Todos los ciudadanos paraguayos estamos obligados por la constitución nacional a impedir que los “autonomistas” bolivianos puedan adquirir armas a través del territorio paraguayo. Hemos renunciado a promover la guerra y desde hace 19 años luchamos pacíficamente por los cambios sociales dentro y fuera de Paraguay.

Por tales motivos, Fernando Lugo está apremiado en aclarar su posición en la cuestión boliviana y, a su vez, todos los paraguayos debemos acompañarlo ayudando a controlar el Chaco paraguayo, para que nunca más ninguna fuerza extranjera consiga nuevamente derramar sangre de hermanos bolivianos y paraguayos.

Abogado Alejandro Sánchez