Democratizar El Debate Político

 

Fernando Lugo es y será el presidente más inaudito y atípico que ha tenido el Paraguay, por lo menos hasta el año 2013. Lógicamente que su gobierno estará enmarcado por una conflictuidad enorme, similar a las que tienen Evo Morales, Rafael Correa y quizás un poco como el estado de guerra civil latente que sufre el gobierno de Hugo Chávez.

 

Antes de asumir ya está siendo virulentamente atacado por algunos medios conservadores que indisimuladamente defienden los intereses de las transnacionales de corte imperialista. Implícitamente amenazado de muerte por todas las mafias que hasta ahora gobiernan el Paraguay (y por algunas mafias de alcance transnacional) definitivamente Lugo será un capitán de tormenta y de las peores que se pueda imaginar, delante tiene la gran crisis global del modelo capitalista-consumista,  la crisis energética que la genera y la apocalíptica crisis ambiental mundial que causa; anunciante de pandemias que matarán a millones, de hambrunas jamás vistas y del peligro de que la humanidad, en el estado actual de conciencia, se dirija rápidamente a guerras sin fin no solo por petróleo o energía nuclear, sino por agua, alimentos y territorios; cual cavernícolas con armas nucleares, que es lo que somos con la civilización actual, en abierta decadencia.

 

A este contexto mundial, se le agrega 61 años de malas costumbres de caciquismos, caudillismos y de una práctica politiquera que no reconoce límites, sobre todo en la pelea por los cargos. Es el caso de Alejandro Hamed, canciller designado por Lugo, quien habiendo sido absuelto por la justicia de una investigación poco fundada, pasa ahora a estar bajo la posibilidad de ser "declarativamente condenado" por un grupo de senadores.

 

Resulta que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad por el respeto a los derechos humanos, base de la democracia, no recae solo en el poder judicial, sino en los tres poderes (ver el caso “La Última Tentación de Cristo Vs. Estado de Chile”) Así, en todo procedimiento investigativo, de tipo político o administrativo, el respeto al debido proceso es la base elemental de las investigaciones, sean las que lleva adelante el Congreso o la administración pública. A Hamed lo quieren condenar por un procedimiento administrativo en el que ni siquiera  se ha emitido una resolución contra él, se supone que en una democracia la presunción de inocencia es la base de las acciones públicas, tanto de instituciones como de medios de comunicación. Pero, en Paraguay, eso no existe, no se da, la cultura autoritaria es imperante, agobiante y represora de los que tienen la osadía de pensar distinto al del “pensamiento único” impuesto mundial y nacionalmente.

 

Ante la amenaza o el hecho de que Hamed pueda ser condenado de hecho por una "declaración" de senadores, en flagrante violación de los Derechos Humanos y la Constitución Nacional, el mismo puede ofrecer una acción de amparo, nada recomendable por cierto. El Congreso Nacional es independiente de los demás poderes, pero no independiente de la Constitución y los Derechos Humanos.

 

Si Hamed es culpable o no de actos de corrupción es una cuestión a considerar públicamente, ya que es un funcionario público electo para un máximo cargo ministerial, pero el debate público no significa condena previa o juzgamiento previo sin las garantías del debido proceso, como sería el caso de una "declaración" del senado en contra de Hamed; habiendo tantos temas de más gravitancia nacional que merecen una declaración urgente. Hacer esa "declaración" es continuar con las malas costumbres de 61 años, una lástima que congresistas supuestamente “demócratas” pareciera que actuaran autoritariamente, en probable violación de los Derechos Humanos.

 

Los activistas de Derechos Humanos debemos pronunciarnos en contra de la injusta y autoritaria persecución de la que es víctima Hamed; más allá de sus responsabilidades con el poder judicial, el único habilitado constitucionalmente para  emitir sentencias "declarativas" y ejecutivas, función excluyente frente a otros poderes.

 

Hay que de una buena vez democratizar el debate político.

 

Abogado Alejandro Sánchez

Activista de Derechos Humanos Y Ecologista

 

 

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