Identifican a integrantes de banda que tiene en cautiverio al japonés
Ayer, a las 16:45, se inició una reunión informativa entre referentes a la seguridad pública y medios de prensa en la que el Gobierno dio algunas explicaciones sobre la situación relativa al secuestro de Hirokasu Ota, del policía Rafael Ramos Balmori y su novia Nancy Giménez, quienes aún continúan en cautiverio tras la liberación de Sawako Takayama. Los presentes afirmaron tener identificados a los miembros de la banda.
Los medios reclamaron una definición más precisa del Gobierno sobre la estrategia general ante los secuestros, pues de los hechos se desprende que la que siguen los responsables de la seguridad pública es la de pagar los rescates para obtener la vida de los secuestrados.
El ministro del Interior, Rogelio Benítez; el ministro de Defensa, Roberto González; el fiscal general, Rubén Candia Amarilla; el comandante de la Policía, Fidel Isasa; el fiscal Rogelio Ortúzar y el comisario Hermes Enríquez Argaña, del departamento Antisecuestros, explicaron a varios medios de comunicación los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a la crisis.
El ministro señaló que las fuerzas de seguridad están trabajando con un buen nivel de cooperación, coordinadas por el fiscal Rogelio Ortúzar.
El agente fiscal se encargó de detallar que las condiciones del secuestro son especialmente complejas y que se está en proceso de negociar la liberación de quienes aún permanecer ilegítimamente privados de libertad. Sostuvieron que uno de los principales sospechosos del secuestro es el brasileño Valdecir Pinheiro dos Santos, quien estaría comandando un grupo de peligrosos delincuentes.
Indicó que se está trabajando sobre el monto del rescate en términos de guaraníes y no de dólares y que el trabajo de obtener los recursos encuentra dificultades de liquidez. El negociador fue designado por Hirokasu Ota, pero trabaja asistido por un equipo de la Fiscalía que incluye sicólogos.
El representante del Ministerio Público admitió que el negociador de los secuestradores es paraguayo y que el tono de las conversaciones superó el estado de irritación en que se desarrollaba en sus primeras etapas, lo que a su juicio es positivo. Las negociaciones del rescate están ahora en la cifra de trescientos noventa millones de guaraníes. Indicó que la Policía Nacional se encuentra trabajando según las recomendaciones emanadas de su oficina.
El ministro Benítez comenzó la reunión reconociendo que se han cometido algunos errores en el manejo de la situación, entre los que mencionó la innecesaria exposición del taxista que trasladó a la liberada Sawako Takayama desde el shopping Multiplaza hasta cerca de su domicilio.
El fiscal general Candia Amarilla expresó que si en este caso se fracasa, él está dispuesto a renunciar, para asumir la responsabilidad política.
Se abrió un intercambio de pareceres sobre la estrategia oficial sobre secuestros, durante el que se trajo a colación que hay dos extremos, uno el de no negociar y otro el de pagar los rescates.
PRIORIDADES
Los representantes gubernamentales señalaron que la prioridad que ellos tienen ahora es preservar la vida de los secuestrados.
En efecto, el comandante Fidel Isasa explicó en ese marco de situación las órdenes que dio en el sentido dejar abierta la vía que permitió la liberación de Takayama, asumiendo el riesgo, dijo, de recibir numerosas críticas.
Isasa indicó que las dificultades de la fuerza a su cargo, las eventuales filtraciones que benefician los desplazamientos de los secuestradores, no tienen que ver con las órdenes operacionales sino con falencias técnicas, por ejemplo el sistema de radio policial, que se están corrigiendo, aunque a mediano plazo.
El comisario Enríquez Argaña agregó que las experiencias anteriores, de los secuestros que reaparecieron después de dos años, han permitido a su departamento tener una idea mucho más acabada del problema representado por una situación como la presente.
Los presentes explicaron que las filmaciones del 911 que se están publicando no corresponden a los hechos protagonizados por Takayama, quien vino en micro desde cerca de Juan E. O'Leary hasta el Km 5, monitoreada por la Policía desde el principio, razón por la que se levantaron los controles ruteros.
Declaró ayer el taxista
El taxista José Álvarez prestó declaración testifical durante varias horas ante fiscal antisecuestro Rogelio Ortúzar. El trabajador del volante fue quien transportó a la ciudadana japonesa Sawako Takayama, desde el shopping Kilómetro 5 hasta las inmediaciones de su vivienda, tras ser liberada por los secuestradores en la madrugada del pasado martes.
Luego de su declaración José Álvarez se retiró de la oficina del fiscal Ortúzar con la cara tapada y fuertemente custodiado por agentes del departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, con destino desconocido.
Al retirarse de la sede del Ministerio Público no dio declaraciones a la prensa igual que el fiscal Ortúzar, quien se llamó a silencio, por orden del fiscal general Rubén Candia Amarilla, según señalaron fuentes de la Fiscalía.
Agentes allegados a las investigaciones señalaron que debido a algunas llamadas catalogadas de extrañas o amenazadoras recibidas en la parada, donde trabaja el taxista, los policías comenzaron a preocuparse por su seguridad.
En tanto que otra información no confirmada indica que un grupo de aproximadamente diez agentes policiales del Japón habrían llegado al pías para colaborar en las investigaciones y se encuentran alojados en la Embajada, donde se guarda absoluta reserva sobre el tema.
Expediente fue a Caaguazú.
El juez Julián López dispuso la remisión de la investigación por el secuestro del ciudadano japonés Hirokasu Ota y otras tres personas, a la jurisdicción de Caaguazú alegando falta de competencia ya que el hecho del plagio y la detención de los tres implicados ocurrió en la ciudad del Caaguazú.
López manifestó que "se debe respetar la jurisdicción, si bien existen fiscales antisecuestros acá en la capital, solamente ellos van a ir a coordinar con sus pares de aquella zona y realizar los trabajos. Acá lo que se debe tener en cuenta es que se debe respetar la jurisdicción porque cualquiera de las partes, más adelante puede alegar cualquier incidente o algunas excepciones que puedan entorpecer la causa y por tal motivo este juzgado cree conveniente la remisión del expediente".
En la jurisdicción de Caaguazú el juez penal de garantías Benito Guerreros, quien ya estuvo interviniendo para la autorización de algunas diligencias de la investigación.
El fiscal Rogelio Ortúzar imputó a Juan de la Cruz Sánchez, José Alfredo Crosta y Saturnina Rolón por secuestro agravado y asociación criminal por el plagio del presidente de Victoria SA, Hirokaso Ota, un oficial de policía y su novia.
Por otro lado, fuentes de la firma Victoria señalan que la última conversación con los secuestradores fue el miércoles en horas de la noche.
