CONAMURI Denuncia El Atropello Que Sufren Los Campesinos

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

 

 

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), miembro de la Vía Campesina Paraguay, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y del Frente Social y Popular, se dirige al público en general para denunciar la coyuntura actual de persecución y agudización de la criminalización de las luchas en Paraguay, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que atentan contra la dignidad de las personas, por discriminación, por violación de los dictámenes de la Constitución Nacional y por el atropello de los derechos humanos en nuestro país.

 

Nos referimos, específicamente, al caso del dirigente campesino Elvio Benítez, quien fuera forzado a abandonar las instancias del Congreso Nacional de la República, por votación mayoritaria de los diputados, basándose éstos en las declaraciones vertidas por él y que cuestionan la honestidad y eficiencia de nuestros (supuestos) representantes. Ante esta situación, decimos que el compañero Elvio Benítez tiene todo nuestro respaldo por la acumulación de experiencias en el movimiento campesino, en procura del cambio estructural que pretendemos. No contentos con atentar contra un derecho del ciudadano y de la ciudadana al no permitirle asistir a las plenarias del Congreso libremente, por ser éste un espacio del pueblo paraguayo, se regocijan de su hazaña con tintes de ordinaria venganza.

 

El otro tema al que hacemos mención es el juicio oral y público a que fue sometido el compañero Ramón Jiménez, de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), miembro de la Vía Campesina Paraguay, que ha sido condenado a dos años de pena privativa de libertad, en un caso sin precedentes en la transición hacia la democracia en Paraguay, posterior a la época de la Dictadura. Este proceso se llevó a cabo en medio de una coyuntura en que se visualiza el avance de la lucha de clases en nuestro país, y da cabida a una jurisprudencia que consienta, de ahora en más, la condena a prisión de los luchadores sociales.

 

Por otra parte, repudiamos la actitud prepotente con que la Policía y la Fiscalía han actuado en el intento de desalojo contra los campesinos y las campesinas, miembros de la OLT, que han ocupado, junto al Movimiento Agrario y Popular (MAP) un latifundio de 17.000 hectáreas en la zona de Capiibary, departamento de San Pedro.

 

Exigimos al Gobierno de Fernando Lugo una respuesta coherente y definitiva a los reclamos sociales que vienen haciendo el movimiento campesino e indígena y demás sectores populares, llevando adelante el proceso de la Reforma Agraria Integral para el que fue creado el INDERT, haciendo cumplir los ideales de la Constitución Nacional que tratan sobre el derecho a una vida digna, con equidad y justicia sociales, el acceso a la tierra para todos los paraguayos y las paraguayas, la defensa de los intereses difusos y, dentro de esto, de la soberanía nacional, que es por lo que peleamos día a día desde las organizaciones campesinas e indígenas, más allá de las tergiversaciones de la prensa comercial y burguesa.

 

Preocupan los hechos acontecidos por el ensañamiento de las instituciones de los tres poderes del Estado contra las personas que sólo bregan por un espacio donde habitar, en un país en que muy pocos tienen mucho y muchos son los excluidos.

 

 

 

 

 

 

 

¡El pueblo está en pie, la lucha sigue!

 

 

¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!