Presión Popular Acaba Con Ley Antiterrorista

Senado paraguayo rechazó polémicos artículos sobre terrorismo

La Cámara de Senadores aprobó ayer con modificaciones el Proyecto de Ley "Que modifica varias disposiciones del Código Penal", que será devuelto ahora a la Cámara de Diputados donde precisan de la mayoría absoluta, 41 votos, para ratificarse en la sanción inicial. En el segundo día consecutivo de la sesión extraordinaria, el tema fue tratado en un ambiente mucho más caldeado que la anterior. El debate duró seis horas, en el que lo resaltante fue que se rechazaron los tres artículos más polémicos del mencionado proyecto referentes al terrorismo, y se establecieron las tipificaciones y sanciones a los "hechos punibles contra la autonomía sexual", siendo este punto uno de los más novedosos del proyecto.

El Senado dejó en manos de los diputados la decisión sobre los "Hechos punibles contra los pueblos", que es el último capítulo en el que en tres artículos habla de tres aspectos: "terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo".

Estos articulados fueron muy cuestionados por las organizaciones sociales, de Derechos Humanos (DDHH) y campesinas, que los consideraban sumamente represivos y arbitrarios, por lo que a dicho capítulo le valió el mote de "ley antiterrorista".

En poco más de 15 minutos de debate el Senado "liquidó" ayer este polémico capítulo, tras una contundente intervención del senador colorado Juan Carlos Galaverna, que con su locuacidad y procacidad acostumbrada redondeó las observaciones que empezaron a realizar sobre estas disposiciones el encuentrista Emilio Camacho, el liberal Modesto Guggiari y la patriaqueridista Ana Mendoza de Acha, solicitando el rechazo.

En un primer momento, el presidente de la Comisión de Legislación, el patriaqueridista Marcelo Duarte, quien nuevamente fue el articulador de las modificaciones y objeciones presentadas en el pleno, se allanó a la propuesta que había sido acercada a dicha comisión por la senadora liberal Mirtha Vergara y el encuentrista Emilio Camacho, quienes pidieron suprimir uno de los tres artículos, el referente al terrorismo.

Los argumentos fueron que las disposiciones eran muy amplias como para ser interpretadas en forma arbitraria y represiva por un juez, pero la duda se presentó con respecto a cómo quedaban los demás artículos, que se relacionaban de una u otra forma con lo dispuesto en el artículo referente a "terrorismo".

Galaverna se agarró de lo que había argumentado Camacho, en el sentido de rechazar los tres artículos, y lo mocionó, no sin antes burlarse del senador encuentrista y tratarlo de "monaguillo apuntador", aludiendo a su conocida militancia "luguista".

Los senadores Bader Rachid (ANR) y Marcelo Duarte (PPQ), quienes en la Comisión de Legislación fueron los que trabajaron sobre el proyecto, se ratificaron en la disposición del texto de la mencionada comisión, que modificaba en cierta forma la sanción de Diputados.

Se llevó a votación y por una abrumadora mayoría triunfó la tesis de rechazar los tres artículos, ante un solitario Alejandro Velázquez Ugarte que fue el único que los apoyó.

En cuanto a la duración de la pena privativa de libertad, cabe reiterar que la mínima tendrá una duración de seis meses y la máxima de 30 años. En este contexto, cabe consignar que la mayoría de las sanciones van hasta cinco años de prisión, en lo referente a hechos punibles contra la autonomía sexual y contra menores, así como hechos punibles contra el ámbito de vida y la intimidad de las personas.

Aplaudieron el rechazo de artículos sobre terrorismo

Como un "festejo a medias" definieron las organizaciones sociales su reacción ante la aprobación del proyecto de modificación del Código Penal. De ese modo expresaron su complacencia ante determinados artículos -así como por el rechazo de los apartados referentes al combate al terrorismo-, en tanto que respecto a otros puntos manifestaron su desaprobación.

Desde el primer día del abordaje del código, varias organizaciones campesinas y ciudadanas siguieron el desarrollo de los debates desde frente al Palacio Legislativo, hasta donde llegaron marchando a través del microcentro y se instalaron en el lugar, en tanto que representantes de los mismos sectores lo hacían en el interior del edificio, desde el área destinada al público.

"Es un avance en relación al tema del terrorismo, pero con otros temas es un retroceso. Es decir que a pesar del rechazo de los tres artículos sobre terrorismo, hay un retroceso con el aumento de penas por invasión de inmuebles, lo que va a producir que las cárceles se llenen de campesinos que luchan por el acceso a la tierra, porque haciendo una proporción, serían unas 3.000 personas las que engrosarían la lista de nuestras prisiones", señaló Juan Martens, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Entre otros puntos, cuestionó que se haya alzado a 30 años la pena máxima que actualmente llega a 25, a lo cual son aplicables -en ambos casos- las medidas de seguridad, de 10 años.

"Nos venden el fetiche de la ley. Se le presentó a la ley penal como un elemento para luchar contra la criminalidad, cuando que no es eso; se lucha contra la criminalidad terminando con la impunidad, con políticas públicas de salud, educación y trabajo; reformando el Poder Judicial; sancionando a jueces y fiscales corruptos", sostuvo ayer Martens, al término de la referida sesión, al tiempo de lamentar que "estas modificaciones fueron hechas realmente a espaldas de la gente".

 

 

Festejo popular controlado policíacamente. Organizaciones sociales y de derechos humanos de Paraguay festejan la victoria popular. Fuente: abc color de Paraguay.