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Líderezas de víctimas del Ycuá Bolaños

Por fin salió la resolución en última instancia. Se confirma la sentencia condenatoria para los asesinos de la mayor masacre por generación de riesgos abiertamente prohibidos en un supermercado y por un cierre criminal de puertas de salida y de emergencia en el momento en que el edificio se convirtió en una bola de fuego y humo dantescos.

El dolor de las víctimas siempre fue inmenso

Cientos de vidas, en medio de las llamas y la espesa humareda, llamaron a los números de emergencia, pidiendo socorro y auxilio, un auxilio que nunca llegó a tiempo, porque las puertas del supermercado estaban cerradas.

Lo que vino después de la masacre fue casi igual o peor, en algunos casos, que el propio estallido infernal del supermercado. Un poder judicial absolutamente inepto, ineficaz, corrupto, venal y mafioso, tomó el caso como si de la muerte de pequeños animales se tratara.

El pueblo paraguayo siempre acompañó de cerca el dolor y sufrimiento de los sobrevivientes y víctimas de la masacre del Ycuá Bolaños

Chicanas, decisiones confusas y hasta acciones indisimuladamente cómplices y coimeras se presentaron paso a paso, proceso a proceso, acto a acto, día a día y dolor a dolor. En el proceso decenas de familiares de víctimas caían enfermas y a veces muertas (incluso con no pocos suicidios) al no poder soportar tanta iniquidad e inhumanidad de unos cientos de jueces que más que agentes de ley, se manifestaban como mafias decididas a burlarse de la ciudadanía, jueces reunidos en nefastas logias.

Inicialmente se hizo un primer juicio que fue abiertamente comprado por los asesinos, como lo llegara a denunciar el propio fiscal del caso, Edgar Sánchez. Antes de que los criminales dictaran su falsa sentencia, las víctimas y el pueblo paraguayo reaccionaron y rompieron con toda la farsa montada.

El supermercado se ha convertido en u memorial del dolor de un pueblo

La farsa de juicio se anuló y luego de otro proceso enturbiado, de nuevo se llamó a un nuevo juicio. Fue la primera victoria popular en una lucha de clases (los egoístas contra los solidarios) y de dos países: El Paraguay de los privilegios antidemocráticos frente al Paraguay de la igualdad equitativa y la solidaridad para la vida honesta.

Finalmente, luego de casi más de un tortuoso año de nuevas vueltas criminales, el caso pasó a otro juicio, dónde se dictó una pequeña condena contra los asesinos. Pero, de nuevo el poder judicial torcía lo poco que enderezaba: Condenó a los culpables, pero los dejó libres hasta que la sentencia se confirmase, hecho que no sucedió hasta el día de la fecha, luego de  varios años.

Velas para los masacrados del Ycuá Bolaños

 Fueron cinco años de una prácticamente tortura psicofísica a decir del Dr. Roberto Almirón (dirigente de las organizaciones de víctimas) una tortura de la que tendrán que responder los jueces más venales y sinvergüenzas del deforme poder judicial paraguayo. Las muertes por el proceso pseudojudicial de tortura al que fueron sometidos los familiares de víctimas no deben quedar impunes. La lucha ha logrado una irrisoria victoria (frente a la gigantesca pérdida social y emocional de las víctimas y del pueblo paraguayo) pero ha concretado un enorme paso histórico hacia la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y fraterna.

La presión institucional del poder Ejecutivo (al mando de Fernando Lugo) y del Poder Legislativo (en manos de un partido de oposición pero con cierta seriedad política, como lo es el Partido Patria Querida) permitió aumentar aún más el clamor social y masivo por la justicia en el caso Ycuá Bolaños.

El presidente Fernando Lugo asistió a la 5ta. recordación de la masacre, el día antes decretó que cada 1 de Agosto se convertiría en el Día de la Solidaridad.

Hasta que finalmente, en el día de la fecha, el pequeño paso histórico se logró. En la lucha entre las clases egoístas y las clases solidarias ganó la solidaridad y la fraternidad frente a la inequidad y la perversión mezquinas. Es una pequeña victoria universal, como bien dijo el Dr. Roberto Almirón, una nimia pero importante victoria en la construcción de una cultura y civilización de la solidaridad, dónde los valores humanistas y altruistas por fin modelen la sociedad en todos sus aspectos (incluso el económico) y ya no tengamos el modelo hegemónico del egoísmo, la competitividad y el pensamiento primitivo hedonista-consumista de acumular riquezas sin importar nada más. Se han enfrentado dos países, dos modelos, dos humanidades, quizás hasta dos tipos de civilizaciones… y ha ganado un poquito un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de humanidad, un mundo nuevo un poquito más.

Abogado Alejandro Sánchez

Activista de Derechos Humanos

Pacifista y Ecologista

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La Corte confirma sentencias para los responsables del caso Ycuá

Entrevista al Dr. Roberto Almirón, Líder de Familiares de Víctimas del Ycuá Bolaños
Por Altermedia Paraguay - Thursday, Aug. 06, 2009 at 12:29 AM

audio: MP3 at 2.4 mebibytes

El audio de la entrevista es de la fecha

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COMUNICADO (RUEGO DE DIFUSIÓN)

Extinción de Ykua Bolaños es inminente

Con rabia interior y profundamente indignados expresamos la desazón de los miles de familiares de víctimas de la masacre de Ycua Bolaños.

Hemos vivido las experiencias mas dolorosas de nuestras vidas desde aquel aciago domingo 1A04, con situaciones que ya todos conocen pero estamos seguros no dimensionan en su justa medida porque es otra cosa vivirlo “en carne propia”.

Recibimos los cuerpos de nuestros seres queridos carbonizados, en 3 o 4 fragmentos humanos o hasta algunos mas tristes aun hasta hoy no recibieron ni las uñas de quienes tanto amaban.  (Ayer nomas y a cinco años de la tragedia, la fiscalía ordeno la entrega de un cajón mortuorio de una familia a otra porque aparentemente los cuerpos fueron mal entregados. Imagínense que situación indignante para ambas familias). 

Los responsables fueron individualizados y el mundo entero fue testigo que las puertas fueron cerradas por orden preestablecida de Juan Pio Paiva y ejecutada por su hijo Daniel Paiva y los guardias como Daniel Areco, de la misma manera que en otras 4 oportunidades anteriores (por simples cortes de energía eléctrica), pero esta ultima con saldo fatal colectivo.

Es incomprensible que nadie siquiera este preso por nuestros 400 muertos (Mas de 150 jóvenes), que la causa este a punto de extinguirse y que Escobar Faella (Abogado de Paiva) nos amenace con pagar las costas del amañado juicio por cifras varias veces millonarias o en su defecto la cárcel.

Mas aun cuando ayer nomas, vimos a dos jóvenes homicidas sentenciados (como debiera) a pena máxima de 25 años de cárcel, estas sí son penas ejemplificadoras, porque la vida es única e irremplazable, “la vida no tiene precio”. 

Pero también vimos injustas situaciones como el ignoto ciudadano Dionisio Escobar que siguió ilegítimamente detenido por más de 11 años, o de Francisco Sánchez Estigarribia preso en Tacumbú por mas de 3 años por un simple “error de procedimiento policial”, o de un anciano de 77 años que seguía en Tacumbú sin que nadie se interese en su caso. Queda muy claro que estos trasgresores de la ley eran pobres y/o no tenían padrinos poderosos.

Ante esta evidente “parcialidad manifiesta” de los administradores de justicia de nuestro país, es obvio que no todos buscan la verdad, ni sus reglas son igualitarias; la justicia ni la política paraguaya últimamente han beneficiado a la sociedad, solo han logrado crear castas de nuevos ricos en base al abuso de sus fueros o bastardeo de sus instituciones para pisotear los derechos de los mas débiles. Pero la generalización es también injusta y aclaramos que hemos conocido a muy buenos políticos y magistrados, éticos, comprometidos con la verdad y la igualdad ante la Ley, solo lamentamos que no todos sean así y que nos hayan tocado en doble desgracia de magistrados ineptos y sospechados por sus acostumbradas sentencias aberrantes en nuestro y otros casos.

¿Cual es el concepto de justicia? que reivindican los jueces Arnaldo Martínez Prieto y Miriam Peña para conceder “sobreseimiento definitivo” a los Paiva que son responsables de tantas muertes.

¿Que habrá nublado sus conciencias? para desoír los grito desesperados del millar de personas quemándose e implorando que les “abran las puertas”.

¿Qué verdad mas oculta habrán considerado estos Magi$trado$? para inclinarse desvergonzadamente a favor de los Paiva, degenerando y abusando de los procedimientos jurídicos hasta llevarlo a la extinción.

Los órganos jurisdiccionales de control (superintendencia de justicia, tribunal de ética judicial, jurado de enjuiciamiento de magistrados, ni la misma corte suprema de justicia) tampoco demostraron interés en investigar el accionar de estos magistrados y los abogados “chicaneros”, con la lógica complacencia de la clase política de los otros poderes que los protegieron como auténticos “padrinos” en ese tácito acuerdo de mutua devolución de favores que debilita peligrosamente al pilar de la democracia – LA JUSTICIA.

Es evidente que gran parte de la justicia paraguaya ha sido secuestrada desde hace décadas, no busca la verdad ni la justicia, solo responde al poder político y del dinero.

Nuestro expediente “duerme” en algún cajón de la burocracia judicial como si se tratara de “cobro de guaraníes”, y pareciera que la mezquindad política apuesta a la extinción de esta causa emblemática para desacreditar a algunos o desestabilizar a otros.

Es evidente de que se hará uso político de los resultados de la misma, porque a algunos convendrá derramar nuestras lagrimas y despertar nuestra rabia contenida. Pero ante esto denunciamos que si el caso Ykua se extingue serán todos ellos responsables, los partidos políticos con representantes en el jurado de Enjuiciamiento de magistrados, los que por cuoteo tienen ministros de la corte, los que se comprometieron en vigilar que esta causa no degenere, sean estos oficialistas u opositores, estén en el poder o la llanura, por acción u omisión, porque no podrán decir que no lo solicitamos o que no lo conocían. No podrían excusar su desinterés personal o su mezquindad política, porque nuestra causa no tiene partido, ideología ni religión. Ykua es una causa Nacional.. Es una lucha por la vida.. y la defensa de la vida nos debería comprometer a todos..

Pero no todo esta perdido; ayer nomas un Senador que siempre nos apoyo como individualidad (de un partido al que criticamos y combatimos), que vivió y conoce de cerca las consecuencias de la tragedia, hizo un llamado enérgico a que la Corte Suprema de Justicia no permita la extinción de la causa (Adjuntamos trascripción de su discurso al pie de este comunicado).

Esperamos que sea replicada esta invocación de que la causa Ykua Bolaños sea sentenciada (En uno u otro sentido), que sea exigida por gobernantes y gobernados sin distinción, pues su extinción seria desconocer los muertos y de que nunca existió este.

La extinción del caso Ykua merece ser tomada mas serio, es por lejos el peor escenario y podría tener consecuencias muy negativas para la ya pobre imagen e institucionalidad de la República por haber sido incapaz de sentenciar este abominable hecho.

No nos mueve la venganza. Nos mueve la justicia y somos militantes de la vida…

Coordinadora de Organizaciones de Victimas de la tragedia de Ykua Bolaños

ycuabolanos@gmail.com

www.ycuanuncamas.org

Roberto Almiron Riveros

C.I 987.969

Situación Jurídica de Ykua Bolaños

1.   1ra. Causa: Juicio contra Juan Pio Paiva, Daniel Paiva, Daniel Areco (Guardia de seguridad),  y otros s/ Homicidio.

a.  En primera instancia tuvo sentencia de prisión de 12, 10, 5 y  2,5 años respectivamente.

b. En segunda Instancia los Jueces Arnaldo Martinez Prieto y Myriam Peña concedieron “SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO” a todos los acusados. Congelo la causa por más de 7 meses y luego se declaro incompetente para tratar los pedidos accesorios (extinción del acusado otro acusado Casaccia) y en contra del sentido común y las leyes retrocede la causa a primera instancia de nuevo, pero estos jueces también se declararon incompetentes y la causa finalmente fue solicitada por la Sala Penal de la Corte Suprema.

c.  En tercera instancia, se deberían ya haber analizar 13 recursos de casación contra el sobreseimiento definitivo pedido por nuestros abogados querellantes, pero por problemas de forma (Aclarados en el anexo de abajo) no se lo ha hecho. El lunes se cumple 4 años 10 meses, ya estamos usando el tiempo adicional que nos da la Ley “Camacho”. Se encuentra en inminente peligro de extinción. Según Escobar Faella (Abogado de Paiva) ya esta extinguida y el cualquier momento pedirá formalmente esta medida. Nadie nos da la certeza de cuanto tiempo mas tendríamos con dicha ley así que estamos en la total incertidumbre. Escobar Faella también ya dijo públicamente que las Victimas deberemos pagar las costas del juicio y que será de cifras millonarias, así que reina el pánico entre las victimas por el miedo de perder sus bienes o ir a la cárcel por causa de ello.

2.   2da. Causa: Contra arquitecto Bernardo Ismachowiez s/ actividad peligrosa en la construcción.

a. En primera Instancia sentencia de 2,6 años de pena privativa de libertad o multa que esta siendo apelada en el Tribunal de Apelación.  Esta también en peligro de extinción eminente.

3.   3ra. Causa: Jorge Gamarra y otros s/ producción de riesgos comunes, contra 4 Funcionarios Municipales, 3 sentenciados a 1,6 años o 15 millones guaraníes de multa por cada uno. Otro absuelto totalmente. Esta en apelación por la defensa por los montos de las multas.  También en peligro de extinción.

Trascripción de la exposición del Senador Fiorotto

SESIÓN ORDINARIA 28 DE MAYO DE 2009 - SEPARATA

IV. PEDIDOS, FORMULACIONES Y ACLARACIONES

                                                                                                               !

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor Senador Orlando Fiorotto.

SEÑOR SENADOR ORLANDO FIOROTTO: “Gracias, señor Presidente. Honorables Senadores: es para realizar algunas manifestaciones sobre un tema muy delicado, sobre una cuestión que afectó a todo el pueblo paraguayo, un hecho grave registrado el 1º de agosto del año 2004, el incendio del supermercado Ycuá Bolaños.

Señor Presidente. Más de 400 muertos, centenares de víctimas, heridos, y se está por cumplir  exactamente cinco años, de aquel día tan triste, tan penoso, tan amargo, no solamente para las víctimas, familiares, sino también para todo el pueblo paraguayo sensible y solidario, que se mostró en su oportunidad.

Se está por cumplir cinco años, señor Presidente, de aquel día en que realmente, por esas cuestiones que muchas veces por la imprevisión ocurren estos tipos de acontecimientos, que después se tienen que lamentar y no solamente se tiene que lamentar que causa un tremendo perjuicio al seno familiar, la pérdida de los seres queridos de la familia, familias que quedan destrozadas, anímica, espiritual y moralmente.

Y hace cinco años, señor Presidente, que está por cumplirse el 1º de agosto, que las víctimas del Ycuá Bolaños vienen sosteniendo la difícil misión de exigir que se haga justicia en esta causa tramitada en el Poder Judicial.

Y me hago eco, señor Presidente, aquí en el pleno, del clamor, de la tristeza y de la amargura de muchas familias, que a través de este Senador hacen llegar su dolor, las inquietudes más sensibles por la cual vienen pasando y se ha hecho larga esta agonía para los familiares y víctimas del Ycuá Bolaños.

Está por cumplirse cinco años, y de lo único que fueron objeto ellos es de resoluciones y sentencias judiciales injustas, actitudes mezquinas, de magistrados, jueces, y por qué no decirlo, se está por cumplir cinco años de humillaciones en el Poder Judicial.

Y elevamos la voz de protesta, señor Presidente, porque estamos a dos meses de que se extinga la causa.

Qué triste sería, señor Presidente y Honorables Senadores de que el 1º de agosto se extinga la causa, se archive el expediente y no se haya hecho justicia con las víctimas del Ycuá Bolaños.

Si eso llegare a ocurrir, podríamos compararlo como si fuera que se estaría repitiendo lo acontecido o el hecho registrado el 1º de agosto del año 2004 no haya existido.

Será un llamado a la Corte Suprema de Justicia. Apelamos a la sensibilidad humana y solidaria de seres humanos representados en los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Señores miembros de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Penal particularmente, no permitan que la causa se extinga, pronúnciense antes que se extinga la causa, no demoren, ya han sufrido bastante y siguen sufriendo, pues estoy seguro que las víctimas del Ycuá Bolaños, señor Presidente, difícilmente puedan recuperar la felicidad por el resto de sus vidas.

Seguimos aguardando que la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, actúe en consecuencia, imparta justicia y ponga las cosas en su lugar, que con la extinción de la causa no se vuelva a repetir lo registrado el 1º de agosto del año 2004.

Es la voz de un parlamentario que le tocó muy de cerca vivir ese triste día del domingo 1º de agosto, ocupaba el cargo de Ministro del Interior y Presidente del Comité de Emergencia Nacional y centenares de vecinos que perdieron a sus seres queridos, señor Presidente, qué les cuesta a los miembros de la Corte Suprema de Justicia actuar con la ley en la mano?.

Que no actúen con cobardía, pónganse un minuto tan siquiera en el lugar de las víctimas del Ycuá Bolaños. No se puede ser tan insensible, tan poco solidario con esta gente que hace cinco años deambulan diariamente por las oficinas de los juzgados, de la fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, abandonando sus familiares, sus quehaceres diarios y muchos de ellos, inclusive sus trabajos.

Elevamos la voz de protesta y solicitamos a la Corte Suprema de Justicia, que bien le vendría, una institución tan descreída en los últimos tiempos, tan desacreditada, que actúen como corresponde, como auténticos jueces y pongan las cosas en su lugar y no permitan la extinción de la causa, aquí a dos meses.

Muchas gracias. “

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Coordinadora de organizaciones de victimas de ykua bolaños

Hoy se ha descubierto otra nueva estafa a las victimas de Ycua Bolaños.

Hoy de mañana la directora general de registros públicos Lourdes González (A quien agradecemos públicamente por su coraje y compromiso con la verdad) realizo una denuncia púbica y escrita (Ver ANEXO I) donde relata que abogados desalmados y deshonestos han utilizado documentos falsificados para proceder al levantamiento de embargo sobre cuatro (4) bienes de Juan Pio Paiva que fueron increíblemente aceptados por el tribunal del Juez Germán Torres (sin oposición de la Fiscalía), quien, so pretexto de indemnizar a cinco (5) victimas, permitió y favoreció la desaparición de mas de 900.000 US$, hecho no bien investigado por la fiscalía a pesar de las varias denuncias que ya hemos presentado.

Ya inmediatamente hemos intervenido y solicitado (Ver ANEXO II) por medio de algunos querellantes adhesivos (Alejandro Nissen y Ricardo Latazza) que se preceda a decretar medidas cautelares y personales (detención), para investigar en forma urgente y sin interferencias la situación y a las personas sospechadas del hecho punible. 

Todo esto nos produce cada vez más indignación, parece que no les bastó haber matado a nuestros seres queridos en la forma en que lo hicieron, no conformes con eso los siguen devorando, cual si fueran buitres viviendo de la osamenta.

Querido Paraguay…. Queridos compatriotas… Hasta cuando deberemos soportar???...

Pero, así como encontramos personas inescrupulosas y desalmadas (como los sospechados), también encontramos gente como Lourdes González que nos persuade que un Paraguay mejor es posible y anima nuestras fuerzas para seguir esta eterna lucha por una justicia implacable e imparcial que de inicio a un país mas serio.

Seguiremos expectantes de todo lo que involucre a nuestra causa.

Y renovamos diariamente nuestro compromiso de “NO HAY PAZ SIN JUSTICIA” “YCUA BOLAÑOS NUNCA MAS”.

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YCUÁ BOLAÑOS: LA TRAGEDIA INTERMINABLE

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Cuando la justicia es una pantomima, los intentos de pacificar una sociedad terminan en payaserías.

Pero en el caso del Ycuá Bolaños, en Paraguay, la cuestión es mucho peor, ni siquiera la tragedia griega podría alcanzar a describir tamaña catástrofe social y humanitaria.

No me refiero al incendio en sí, sino a las burlas grotescas que el dolor de las víctimas reciben de parte de un remedo de poder judicial y de una fiscalía que con mucha dificultad estuvo apenas a la altura de las exigencias.

Recientemente se descubrió una mafia judicial que se encargó de estafar a unas pocas víctimas que cometieron el gravísimo error de intentar arreglar extrajudicialmente la indemnización por daños y perjuicios. A estas pocas víctimas les hicieron firmar recibos que no se les entregó, todo gracias a uno de los muchos estafadores, con título de abogado, que pululan en Paraguay. Lógicamente, en un país minimamente serio, “abogados” de esta calaña terminan tras las rejas por la debida persecución que reciben de parte del Estado; sobran los delitos e infracciones que han cometido. Pero estos abogados no actúan solos, generalmente son solo los prestanombres o empleados de jueces, secretarios de juzgados, fiscales y hasta ministros de la corte de justicia. En Paraguay es normal que existan mafias judiciales que decidan que abogado ejercerá su profesión y qué abogado no la ejercerá. Los primeros siempre ganan todos los casos, los segundos sencillamente no pueden hacer cumplir la ley.

A pesar de lo mucho que lucharon las organizaciones de familiares y víctimas del Ycuá Bolaños para evitar la acción de estas mafias, finalmente algunos familiares de víctimas cayeron en la trampa. Incluso llegó a darse un entredicho por el mismo tema entre las organizaciones y los abogados principales de la causa; todo por un entendible pero tal vez poco conveniente acuerdo extrajudicial entre un grupo de víctimas y los asesinos.

Luego que se dio a conocer la estafa que sufrieron algunas víctimas (que no participaban de las organizaciones evidentemente) está claro que ningún acuerdo extrajudicial es recomendable. Lo peor de la estafa mencionada es que el Tribunal de Sentencia del caso ordenó la venta de algunos inmuebles embargados para el supuesto pago a las víctimas. Está claro que esa venta debe anularse por basarse en un abuso de derecho y por constituir un crimen de lesa humanidad (todo el procedimiento judicial en sí lo es, ya que causa sufrimientos innecesarios -o tortura- a las víctimas) Con la venta de esos inmuebles pierden todas las demás víctimas y por los montos manejados resulta ser más que un fiasco y trampa para evitar el debido resarcimiento legal.

Pero si esto es un horror, lo que pasó con el hallazgo de una evidencia clave es mucho más dramático. Resulta ser que el supuesto abogado querellante, Oscar Tuma hijo (que actúa más como defensa de los Paiva, atacando irracionalmente a la fiscalía), candidato a diputado del fascista Lino Oviedo, decidió mover y poner al descubierto algo que estaba absolutamente ignorado: Una pequeña parte de la chimenea de la panadería del supermercado siniestrado. Esta evidencia, relativamente clave, permaneció ignorada y olvidada en el depósito de la fiscalía.

La citada evidencia no fue ofrecida en el juicio principal, que se realizó, y por tanto no constituye parte del mismo; es decir, ya no tiene la más mínima importancia. Sin embargo, Tuma -especialista en atacar al fiscal Edgar Sánchez como si fuera el mejor abogado de los Paiva- realizó todo un show mediático, con la intención de desacreditar en lo más absoluto al fiscal Sánchez. El citado fiscal no ha tenido el mejor de los trabajos, pero sí estuvo a la altura de lo mínimamente exigente, manteniendo su postura de calificar la tragedia de homicidio doloso, algo que le ha valido el rechazo de la mayoría de las mafias del poder judicial paraguayo y de casi todos los ministros de la corte de justicia. Este fiscal, uno de los contados masones paraguayos que respeta su doctrina filosófica, tiene de por sí marcada su trayectoria profesional por haberse opuesto a dichas mafias (es de esperar que los cambios que se avizoran en Paraguay mejoren su porvenir) No es que se haga una defensa de Sánchez, pero es que hay que comprender en qué entorno se ha desenvuelto para notar hasta qué punto se está sacrificando por defender una postura que ha permitido cierto aire de respeto a las víctimas.

Por supuesto, Tuma y los abogados de los Paiva harán lo imposible por anular el juicio donde se condenó y se dejó en libertad a los asesinos (el único caso donde se declara quien es asesino y se deja libre al asesino) Ello alegando que la evidencia hallada era algo que debía estar presente en el juicio ya realizado. La citada evidencia sí está agregada en el juicio contra el “arquitecto de la muerte”, quien se encargó de preparar la trampa asesina que fue el supermercado siniestrado.

En definitiva, la tragedia que sufren las víctimas no está por terminar, sino que aún sigue comenzando, una y otra vez, en una tortura sin fin y sin límites. ¿Cuándo de una vez abriremos las puertas a la justicia en Paraguay?

Abogado Alejandro Sánchez

Activista de Derechos Humanos y Ecologista

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En adelante, las informaciones que delatan como un grupo de usurpadores del poder público, bajo el título de jueces, viola las más elementales garantías constitucionales. (Antecedente: Paraguay: Ycuá Bolaños, Crónica de Una Impunidad Anunciada)

Seguridad, a cargo de 1.000 policías

El comisario Ricardo Díaz, jefe de Policía del Area Metropolitana, manifestó que en la reunión con la presidenta de la Corte Alicia Pucheta de Correa y los miembros del tribunal Germán Torres y Bibiana Benítez, trataron temas referentes a la seguridad que será implementada el día de la lectura de la sentencia.

Díaz indicó que el operativo comenzará el viernes con el despeje de la zona aledaña a tribunales donde utilizarán unos 1.000 efectivos policiales. Además contarán con el apoyo de personal de la Fope, antimotines, carros hidrantes y de la montada, para prever cualquier tipo de disturbios como el ocurrido el pasado 5 de diciembre de 2006.

El jefe policial también dijo que no se permitirá la aglomeración de personas en la plaza frente al Palacio de Justicia, ya que el área será despejada en un radio de 300 metros con relación a este edificio. En el parque Carlos Antonio López está habilitado para la reunión de personas.

Las víctimas que deseen ingresar al salón auditorio para escuchar el fallo no deberán llevar aparatos celulares ni carteras. Es indispensable contar con la acreditación y cédula de identidad.

Lo que dice la Constitucion Nacional de Paraguay:

art 32 Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley.

Es decir, está claro que no se puede reglamentar el derecho a manifestarse fuera de los casos mencionados por la citada constitución, por el siguiente principio establecido en la misma:

art. 9 ...Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohibe.

A más de la llamada "Ley del Marchódromo" (una ley que regula las manifestaciones cerca del edificio presidencial) Solo hay un caso en que la Constitución de Paraguay acepta la restricción a la libertad de manifestación:

DEL ESTADO DE EXCEPCION

ARTICULO 288 - DE LA DECLARACION, DE LAS CAUSALES, DE LA VIGENCIA Y DE LOS PLAZOS

"... Durante la vigencia del Estado de Excepción, el Poder ejecutivo sólo podrá ordenar, por decreto y en cada caso, las siguientes medidas: la detención de las personas indiciadas de participar en algunos de esos hechos, su traslado de un punto a otro de la República, así como la prohibición o la restricción de reuniones públicas y de manifestaciones...."

Fuente: Constitución Nacional del Paraguay

Está claro, como ya se expresó, el tribunal de "jueces" del caso Ycuá Bolaños está violando gravemente la Constitución de Paraguay. Practicamente se atribuyen las funciones del presidente de la república y declaran estado de sitio en una parte del territorio paraguayo. Luego, estos serán los que ya decidieron sobre la muerte de casi 400 personas. Si ya violan la constitución, ¿cómo esperar justicia de su parte?

De todas maneras, lo que decidan ya es nulo de toda nulidad, por su manifiesto parcialismo violando leyes y la propia constitución al restringir los legítimos derechos de las víctimas del Ycuá Bolaños. Por ello, para las víctimas, no vale la pena intentar hacer respetar la Constitución paraguaya, al menos no por ahora.

Además, una vez que los Paiva estén en la calle, la justicia de la calle les será aplicable. Justicia Popular y Sumaria como se dice.

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Todo estaba listo, barreras de 2 metros de altura protegen la fortificación, el perímetro se fijó en 300 metros alrededor del edificio, a pesar de que la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión y de manifestación en espacios públicos, la plaza frente al edificio está sitiada por tropas defensivas fuertemente armadas; con fusiles y ametralladoras, carros tanques y hasta francotiradores de las fuerzas especiales. Nadie podía salir ni entrar sin ser varias veces revisado hasta en los últimos detalles, así la seguridad es absoluta para hacer frente a cualquier amenaza del enemigo.

No se está describiendo un fuerte militar, ni una base norteamericana o israelí en territorio conquistado, se está simplemente describiendo las “medidas de seguridad” adoptadas por el tribunal de sentencia en el caso de la muerte de casi 400 personas por el incendio sucedido en un local comercial en Asunción, Paraguay; sucedido un 1 de Agosto de 2004.

Se supondría que estas medidas son razonables en un país con estado de conmoción interior o exterior (guerra civil o invasión extranjera), pero son las medidas que adoptó un simple tribunal de un poder judicial, atribuyéndose roles propios del Poder Ejecutivo, el único habilitado constitucionalmente para restringir las manifestaciones públicas (artículo 288 de la citada Constitución). Solo una ley puede determinar el lugar y el modo en que se hagan dichas manifestaciones (artículo 32 de la misma Constitución) Es decir, el citado tribunal ya de hecho está pisoteando las más elementales libertades públicas y la democracia misma, configurándose en un usurpador del poder público por ejercicio ilegal de la autoridad. Esto último está fuera de toda duda y ya, de hecho, anula toda validez de esa sentencia cuyo veredicto está más que anunciado. El manifiesto y abierto parcialismo de este tribunal se expone con la más irracional demostración de fuerza.

A gritos y a vivas voces los supuestos “jueces de ley” anuncian que liberarán a los asesinos de 400 personas. Este ya es un hecho realizado, no hay dudas al respecto. Tal vez, como un simple calmante momentáneo, impongan algunos, pocos, años de prisión a los responsables de la masacre, escasos años de prisión que prácticamente están compurgados por un proceso cruel y sanguinario que remedó ser un juicio desde su inicio, allá por el año 2004.

En definitiva, el fin de este artículo no es detallar la felación y el absurdo del poder judicial paraguayo, acostumbrado a todo tipo de desmanes autoritarios y mamotréticos. Un anti ecologismo visceral el gastar doscientas páginas para repetir solo lo que ya se expuso en un juicio inútil y sarcástico, tanto gasto de hojas y deforestación irracional solo para decir que son inocentes de homicidio quienes encerraron intencionalmente a 800 personas en un edificio que estalló en una bola de fuego por hiperignición.

LA DOCTRINA DEL DOLO EVENTUAL Y LA FALACIA ECOLÓGICA

Pero revisemos un aspecto de esa ya más que conocida sentencia de la impunidad y el autoritarismo, la única parte que podría catalogarse de razonable es la referente a negar la categoría legal de “dolo eventual”. El tema del dolo eventual ha desatado discusiones apasionadas en el cerrado ámbito de los pensadores y arquitectos de las leyes penales. Actualmente, luego de tantos abusos y arbitrariedades, la corriente principal que predomina, a nivel de papeles, en Latinoamérica y Europa es la de la doctrina penal objetiva. Esta doctrina sabiamente aconseja no solo no interpretar libremente la ley penal, sino que la misma ley no debe dar a confusiones sobre lo que prohíbe y castiga. El castigo que impone esta escuela de la ley penal no es castigo, sino una medida para que el delincuente aprenda a no delinquir más. La cárcel, en la teoría, debería ser un medio para proteger a la sociedad, al pueblo, de las acciones delictuosas y debería ser el último medio a utilizarse (existen otros medios de re-aprendizaje creados por esta escuela: Trabajos comunitarios, arresto domiciliario, etc.) Esta escuela fue la creadora de la doctrina del “derecho penal mínimo”, es decir, de que el estado debe limitarse lo más posible a castigar los delitos y debe buscar otras soluciones al problema del crimen. Este postulado, en teoría, es muy bueno, pero una cosa es la teoría y otros los hechos.

La teoría de esta escuela es buenísima, fenomenal para los Derechos Humanos, pero choca con la cruda realidad latinoamericana: La corrupción que predomina en muchos jueces y la facilidad de los ricos para obtener esos beneficios creados por ley gracias a esta escuela. Lamentablemente la escuela no consideró en sus postulados el como evitar la criminalización de la pobreza, lo intentaron, pero es que la forma en que realizan sus análisis se lo impide, apenas sí pudieron lograr que la ley penal admita expresamente que no puede resolver los problemas sociales. Por supuesto, en Latinoamérica esto se interpreta según los intereses de los poderosos y no de las clases populares.

Volviendo al dolo eventual, este significa lo que su nombre lo dice, el que crea un peligro inminente contra alguien para causarle daño no actúa culposamente (accidentalmente) sino intencionalmente. En la ley penal, en general, el dolo en el homicidio significa que se mató con intención, si no hubo intención, entonces es un homicidio culposo (ese por el cual alguien pasa a la cárcel por unos pocos años, si es que llega a irse a la cárcel). Por supuesto, en el caso Ycuá Bolaños los jueces dirán que solo hubo homicidio culposo, todo fue un accidente, incluso el cerrar intencionalmente las salidas de emergencia del local comercial fue solo un “accidente”.

En la escuela penal ya citada, no existe unanimidad en cuanto a aceptar la existencia del dolo eventual o si negarlo por ser ya una peligrosa interpretación confusa sobre la ley. En Paraguay, el único que se ha pronunciado en contra de aplicar el dolo eventual es el Doctor Víctor Ríos, rector de la Universidad Nacional de Pilar, cuyo libro será citado y mencionado con toda seguridad en la sentencia ya referida. La posición de Ríos es honesta y razonable en términos técnicos y del pensamiento teórico sobre la ley y su interpretación. Pero como ya se dijo, en Latinoamérica la teoría suele estar muy alejada de la cruda realidad de los jueces corruptos. En el discurso de presentación de su libro sobre el tema de la intención criminal, Ríos había dado a entender que el dolo eventual era peligrosamente confuso y daba pie a todo tipo de abusos por parte de los jueces. Ciertamente es una posición aparentemente válida a la hora de que se respeten los Derechos Humanos y los jueces no abusen en la aplicación de la ley.

Pero en el propio libro de Ríos se recomienda que se castigue un tipo de conducta criminal: La tentativa inidónea, que es el intentar realizar un delito por una forma imposible (Ejemplo: Usar una falsa guía para armar una bomba atómica y amenazar y asustar a toda una ciudad con su detonación, siendo que la bomba ni funciona ni es atómica en la realidad, pero cuya amenaza causa caos en el tránsito urbano y todo tipo de accidentes fatales) Ríos, en el libro mencionado, establece que la tentativa inidónea es castigable solo en los casos que cause conmoción social grave (el ejemplo mencionado) Su postura es razonable y evita que cualquier broma tonta se convierta en tentativa criminal castigable (ejemplo: Apuntar a otra persona con una pistola de juguete para asustarlo en broma o decir en broma que se matará a alguien con un embrujo o una hechicería)

Para llegar a su razonamiento, Ríos se basó en la finalidad de la ley penal que estableció la escuela objetiva: La protección de la sociedad, del pueblo, de los delitos que la dañen gravemente. Es decir, la protección de la democracia. Lo que Ríos olvidó es que estos mismos postulados se pueden y de hecho se aplican para justificar la existencia del dolo eventual; tanto en Argentina como en Uruguay, donde ya se castigó en base al mismo.

El decir, en forma general, que el dolo eventual es antidemocrático porque da paso a la arbitrariedad de los jueces, es un razonamiento que padece del error conocido como “Falacia ecológica”, es decir, el de identificar algo particular por la generalización. Este mismo razonamiento se puede aplicar al castigo de la tentativa inidónea en los casos de conmoción social, ya que lo que es o no es conmoción social quedaría al arbitrio de los jueces y ahí de nuevo caeríamos en los abusos de autoridad y la violación de los Derechos Humanos.

El dolo eventual no es antidemocrático si solo se aplica en casos de conmoción social, como es el caso Ycuá Bolaños. Ninguno de los casos donde se aplicó el dolo eventual ha llegado a fueros internacionales, es decir, se ha tomado como muy válida y democrática su aplicación, tanto en Argentina como en Uruguay. De todas maneras, el razonamiento de Ríos es válido parcialmente porque señala los peligros que implican el dolo eventual; peligros que no existen categóricamente en el caso Ycuá Bolaños, que no es una simple teoría, sino una dolorosa realidad.

Como sea, ya es un hecho que la sentencia a leerse se basa en argumentos poco racionales o abiertamente irracionales. Por lo mal que funciona el poder judicial en Paraguay, por su generalizada corrupción denunciada constantemente, está claro que las únicas sentencias que respetan los Derechos Humanos en Paraguay son las que mencionan expresamente los tratados internacionales y las interpretaciones de los mismos establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sentencias como estas son rarísimas.

Y finalmente, en ese fortín sitiado por tropas de combate y aislado del pueblo paraguayo, violando toda libertad democrática, se cometió otro crimen, como tantos se han cometido, liberando a los que asesinaron a casi 400 mujeres, niños y hombres que un domingo a la mañana salieron para disfrutar como tantos domingos de ocio y familia. Un domingo donde terminarían masacrados para luego, años después, ser burlados por unos leguleyos que gastando hojas y hojas en vano buscaban lavarse las manos de la sangre que también ellos aprendieron a derramar desde que se unieron al crimen sin castigo que reina en Paraguay.

Alejandro Sánchez

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Cuando no existe garantía de justicia sustancial alguna, apenas sí una formalidad a medias, el ciudadano se ve compelido a ejercer su originario y legítimo derecho.

Esta idea parte de las declaraciones del ministro de justicia Sindulfo Blanco quien, con el mayor descuido de todos, confesó que el poder judicial se maneja al margen de la institucionalidad y el orden constitucional. Ello lo hizo reclamando sin reservas la aceptación del nombramiento de miembros del consejo de la magistratura, en la más viceral negación de las formalidades de un sistema democrático, supuestamente dividido en tres poderes.

La actual corte de justicia de Paraguay ha llegado al punto de admitir sin reparos que sus miembros promuevan la no observación (violación) de las leyes vigentes. Ello por sentirse seguros en que tales actos no tendrán consecuencias a nivel interno. A nivel externo, poco le interesan las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de todo, dicho tribunal es subsidiario y solo se encarga de establecer sanciones civiles (indemnizaciones) contra los Estados que violen los Derechos Humanos; no tiene atribuciones para establecer penas, cárcel u otras sanciones punitivas (ello está a cargo del Tribunal Penal Internacional, pero para delitos y crímenes de guerra)

Recientemente el llamado “tribunal de sentencia” del caso del Incendio del supermercado Ycuá Bolaños(elegido luego de una larga cadena de inhibiciones, por medio de una larga campaña de presión de las víctimas) ha denunciado a la concejala municipal (por Asunción) por el P-MAS (Partido Movimiento Al Socialismo, homónimo del de Evo Morales) Rocío Casco, además de denunciar a víctimas del Ycuá Bolaños por “coacción” y otras verborrágicos y absurdos discursos. Ello se sumó a la denuncia del desleznable Manuel Aguirre, el juez sin conciencia (como se declaró públicamente ante los medios) que quiso dejar libre a los asesinos del Ycuá Bolaños; denuncia generada por una simple manifestación de escrache (o manifestación de repudio) frente a su casa, repudio hecho con total acción pacífica. En dicha ocasión, Rocío Casco expresó que las víctimas no aceptarían la ya cantada sentencia de homicidio culposo (léase libertad) de los acusados por la muerte de casi 400 personas (más de 400 si se considera los que murieron después por la depresión causante de enfermedades y/o suicidios)

Claramente es categórico que con la citada denuncia ese “tribunal” ya determinó su manifiesta posición parcialista en contra de las víctimas. Rocío Casco no es parte en el juicio y aunque lo fuera, tiene derecho a manifestarse pacífica y libremente, como la Constitución y las leyes se lo garantizan. Uno no puede aceptar una sentencia y es libre de hacerlo, otra cosa es que desacate tal sentencia. Así, un legítimo derecho (de manifestación) no puede ser coacción porque es parte fundamental de los derechos humanos del ciudadano. El juez que llame coacción a eso es porque vive y trabaja al margen de la ley; convirtiéndose en un vulgar criminal empotrado en un cargo judicial. Ello no es extraño en Paraguay, ya se mencionó como un ministro de la corte admitía que el poder judicial no funcionaba en la institucionalidad constitucional; es decir, que actuaba comprendido dentro de lo que establece el artículo 137 de la constitución paraguaya cuando se trata de actos de fuerza o de su derogación por medios distintos a la que la misma dispone. Sabido es que la derogación de una constitución se da por dos vías: La de los hechos (por su inobservancia y expresa negación de validez: el caso ya citado) o la del derecho irregular (disposiciones legales y estatales que declaran nula la constitución) Cuando se dan estos casos, el ciudadano queda libre de oponerse y resistirse a la arbitrariedad y opresión de las autoridades -que se convierten en usurpadores- del poder público. La constitución paraguaya no pone límites a dicho ejercicio de resistencia a la opresión.

Lamentablemente, en el campo de la práxis de lucha contra la opresión, la resistencia a los usurpadores ha sido escasa y limitada, es por ello la denuncia irracional de ese “tribunal” de sentencia (practicamente parcialista)

Ante esta situación desfavorable, las víctimas del Ycuá Bolaños solo tienen dos alternativas, que las enumeraré con una síntesis de probables consecuencias:

1- Impedir La Continuación De La Farsa Judicial y Recusar a los Jueces Manifiestamente Parciales:

Esta vía es escabroza y ya difícil de alcanzar, por las extremas medidas de seguridad adoptadas por ese tribunalcillo. Salvo continuos y permanentes escraches nocturnos que no dejen dormir ni circular raudamente a los supuestos jueces. Por otra parte, sería extender nuevamente los plazos procesales y permitir la extinción penal; dando absoluta impunidad a los Paiva; ello dejaría sin indemnización o reclamo civil alguno a las víctimas. Esta acción extrema deberá ser adoptada por todas las víctimas en forma firme e integral, si se decide seguirla, pero es la más dificultosa de todas.

2- Permitir La Continuidad De La Farsa y Seguir El Inútil Derrotero Judicial:

Esta opción tiene su ventaja, al menos permitiría abrir la vía civil para indemnizaciones, pero habida cuenta que el poder judicial no ofrece garantía alguna, podría terminar en la más atroz de las impunidades para los Paiva. De todas maneras, los Paiva serían condenados; por homicidio culposo, es cierto, pero condenados al fin y al cabo. No quedarían con el estatus de impunidad que tanto quieren. Ciertamente quedarían libres (prisión domiciliaria) y al poco tiempo saldrían a la calle. Pero en la calle reina la ley de la calle y en un país donde el poder judicial es solo una fachada, todo es posible.

Existe sin embargo una tercera vía, intermedia entre las ya expuestas. Es la de dejar que continue la farsa hasta su fin y luego denunciar a los más de 50 jueces inhibidos (sin causa real) para que sean procesado por tortura (ya que sus inhibiciones extendieron demasiado tiempo el proceso y causaron un innecesario y cruel sufrimiento a las víctimas) ello sin olvidar a ese remedo de juez que liberó a Juan Pío Paiva en condiciones absolutamente irregulares.

Ello, además de juzgar y condenar, en el Tribunal Ético Ciudadano y Popular, a los jueces que dispusieron la libertad de los Paiva en la lectura inacabada del juicio oral que se abortó por reclamo de las víctimas; además de los actuales jueces que liberarán de nuevo a los Paiva. Condenados Manuel Aguirre, Elio Ovelar y compañía, serían castigados con constantes e intermitentes escraches por el resto de sus vidas. Así terminarían ellos, y sus familias, en el más oscuro de los destierros sociales, serían los parias entre el resto de los paraguayos. Sus hijos cargarán también con esa condena, ya ha sucedido esto con los banqueros defraudadores; la lucha de los ahorristas estafados, de los años 1990, hasta la fecha continua.

Estos supuestos jueces tendrían que alegrarse mucho si el castigo que sufrirán sea solo de escrache y constante repudio social, porque no faltará quien resuelva la cuestión en una forma más extrema. Lo mismo le sucederá a ese “tribunal” que denunció a las víctimas (y que ya se manifestó como abiertamente parcialista) Justicia popular y sumaria, no hay otra alternativa. Ello además de la querella por tortura y malos tratos contra Manuel Aguirre y todos sus acólitos.

Si las autoridades públicas no observan la constitución, se convierten en usurpadores por ilegitimidad en el cargo, ante ello el ciudadano (según la constitución paraguaya) queda dispensado en ejercer la lucha contra la opresión... por todos los medios a su alcance, absolutamente todos los medios.

Abogado Alejandro Sánchez, Activista de Derechos Humanos

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Asunción, Paraguay, Miércoles 20 de Junio de 2007

Institucionalidad está rota, según Blanco

Sindulfo Blanco

“Ustedes nomás no se percataron de que la institucionalidad está rota en este país hace rato”, señaló a los periodistas el ministro Blanco. Fue al ser consultado sobre el conflicto desatado entre el Congreso y el Poder Judicial por la negativa del Senado a tomarle juramento a los miembros electos y designados del Consejo de la Magistratura. Esto a su vez motivó que la Corte Suprema retirase a su representante en el Consejo y resolviese no tratar más ternas de candidatos para designar jueces.

(más en el enlace del título)

Jueces del caso Ycuá Bolaños fueron a la Fiscalía para denunciar amenaza

Bomberos de la Policía afrontarán juicio por hurto en el Ycuá Bolaños

Los bomberos de la Policía Nacional Edgar Bogarín y Héctor Fernández soportarán desde mañana un juicio oral y público por hurto agravado, ocurrido durante los trabajos de rescate llevados a cabo tras el incendio del supermercado Ycuá Bolaños V.

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Un bombero inspecciona una de las cajas registradoras del supermercado siniestrado.

Integran el tribunal de sentencia los jueces Daniel Ferro, Víctor Alfieri y Elsa García.

Este proceso se inició tras una denuncia formulada por el fiscal Edgar Sánchez, tras la recepción de un video en el que se observaba a agentes de la Agrupación de Bomberos de la Policía Nacional cuando tomaban dinero de las cajas registradoras del supermercado siniestrado y otros objetos de valor, presumiblemente celulares.

La filmación, realizada por personal de Bomberos Voluntarios, es la principal prueba con que cuenta el Ministerio Público, representado en este caso por el fiscal Fabián Centurión. La Fiscalía ofrece asimismo el testimonio de otros cuatro bomberos de la Policía Nacional, tres bomberos voluntarios, dos peritos y el director de Asuntos Internos de la institución policial.

El suboficial 1° Edgar Bogarín Duarte y el suboficial 1° Héctor Fernández Campuzano fueron identificados mediante una investigación realizada por el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

El hecho punible de hurto agravado está castigado con pena privativa de libertad de hasta diez años de cárcel.

El incendio del supermercado Ycuá Bolaños V se inició en la mañana del domingo 1° de agosto del 2004 y dejó a su paso un saldo de unos 400 muertos y 500 heridos. Según los datos manejados por los investigadores, se inició a raíz del taponamiento de la chimenea de la cocina ubicada en el patio de comidas.

Proceso a los Paiva continúa en suspenso

El incendio del supermercado Ycuá Bolaños V derivó en diferentes procesos penales, civiles y laborales; estos dos últimos promovidos en reclamo de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por las víctimas.

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El principal proceso penal es el abierto al empresario Juan Pío Paiva, su hijo Víctor Daniel Paiva y el guardia Daniel Areco por homicidio doloso y lesión corporal.

Este proceso se encuentra paralizado en espera de la integración del tribunal de sentencia que juzgará a las personas citadas anteriormente. El primer juicio fue suspendido y anulado tras hechos de violencia registrados en diciembre pasado.

Paralelamente, el arquitecto Bernardo Ismachowiez, acusado de supuestas fallas en la construcción, también espera juicio oral, al igual que un grupo de cinco funcionarios de la Municipalidad de Asunción que serán juzgados por omisión de inspeccionar las condiciones del local siniestrado.

Juzgan a dos policías por robo durante el incendio del Ycua