La Corte abre las puertas para sancionar a abogados del Ycuá
El pleno de la Corte designó ayer al director de Auditoría de Gestión Judicial, Mario Elizeche, para encargarse de centralizar las informaciones relativas a las víctimas del Ycuá Bolaños, a quienes se les reclaman honorarios.
Además, ante la queja de las víctimas sobre sus abogados, los ministros les aclararon que existe la Oficina de Quejas y Denuncias, para auditar la gestión de los abogados, y eventualmente sancionarlos, que también estará a cargo de Elizeche.
Varias víctimas y parientes de las fallecidos de la tragedia del 1 de agosto de 2004, donde según las cifras oficiales fallecieron 350 personas al incendiarse el supermercado Ycuá Bolaños, llegaron hasta la Corte, encabezados por Carmen Rivarola.
Tras larga espera, finalmente fueron recibidos por ocho de los nueve ministros, ya que Miguel Óscar Bajac se encontraba en el Parlamento.
PREOCUPADOS. En la sesión, las víctimas manifestaron su preocupación por la gran cantidad de notificaciones de embargos preventivos que reciben. Explicaron que querían identificar la responsabilidad de los abogados en esta situación, ya que denunciaron que prácticamente fueron abandonados por ellos durante el proceso.
Carmen Rivarola, vocera del grupo, dijo que varias víctimas, tras conseguir un fallo favorable en lo penal, presentaron sus demandas también en lo Civil, pero perdieron los juicios, ya que sus abogados los abandonaron.
Según alegó son 270 los casos perdidos, de los cuales 50 ya tienen regulaciones de honorarios, y fueron notificados.
INFORMACIÓN. Mencionó que hay casos donde los afectados no manejan la información con respecto a sus propias causas. Por eso, solicitaron a la Corte que facilite la posibilidad de acceder a la información a través de los organismos que la institución les indicara.
Con ello, la Corte impartió instrucciones a través de la Dirección de Auditoría de Gestión, a cargo de Mario Elizeche, para coordinar la creación de un banco de datos sobre los casos civiles conexos al caso Ycuá Bolaños.
Así, directamente se tendrán todos los juicios del Ycuá en el banco de datos, teniendo en cuenta que están repartidos en 10 juzgados de la capital.
DINERO. Según Ricardo Lataza, uno de los abogados de las víctimas del Ycuá Bolaños, ante la consulta de si los abogados de los Paiva podían cobrar sus honorarios de los fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), aseguró que bien podrían hacerlo.
Es que de los juicios penales, están embargados en total 20 mil millones de guaraníes, entre el dinero de la firma Mapfre de seguros, la venta de dos de los supermercados y el dinero de la recaudación del 1 de agosto de 2004, que fue incautado.
Indicó que según la ley de honorarios, los abogados pueden cobrarle a la sociedad Ycuá Bolaños, de los fondos depositados. Si hace esto, los derechos de los abogados pasan a la sociedad, que podría hacer un juicio de repetición de pago contra las víctimas.
Hasta ahora, de ese dinero, varias víctimas que no accionaron en el ámbito civil, plantearon la acción en lo penal, para poder cobrar una indemnización, fijada en 300 millones de guaraníes por cada fallecido y 200 millones de guaraníes por cada herido en la tragedia.
La cifra
270
son los juicios en el ámbito Civil y Comercial perdidos por las víctimas del Ycuá Bolaños, según refirió ayer la vocera del grupo, Carmen Rivarola.
Nissen dice que no perdió ningún juicio
"A mi me llamaron, me dijeron que hay una lista de los clientes de Nissen. Quiero aclarar que no hemos perdido nada. Mis clientes han vendido sus derechos y sus acciones. Esta venta se ha realizado a través de acuerdos que se han firmado", aseguró el abogado Alejandro Nissen.
Explicó que esta mañana presentarán ante el Tribunal de Apelación en lo Criminal, un recurso de queja por retardo de justicia contra el juez Enrique Mongelós, que aún no resuelve la homologación de los citados documentos.
Nissen relató que "el 24 de julio del 2006, se le anula la acusación al fiscal Édgar Sánchez en el primer juicio oral. Desesperadas las víctimas nos piden que hagamos el juicio de indemnización. Asumimos el pedido de juicio en forma gratuita".
Indicó que promovieron la demanda ante el juez Enrique Mongelós, el 31 de julio del 2006. "Al día siguiente, 1 de agosto, sale la notificación y el ujier les notifica a los demandados. Incluso, deja una partida de notas de aviso en las direcciones", agregó.
Nissen comentó que entonces la parte demandada presentó al juez el pedido de prescripción que el magistrado hizo lugar. En ese ínterin, antes de la resolución, hubo el acuerdo.
Refirió que se acordó con los abogados Luis Escobar Faella, así como con los abogados Raúl Netto, padre e hijo, que en vez de reclamar indemnización iban a pagar 60 millones de guaraníes por víctima, 10 millones para el abogado querellante, y 6 millones para el defensor. En total, son 76 millones.
Según remarcó, esos documentos se presentaron ante el juez Mongelós pidiendo que se homologuen, pero él mismo resolvió la prescripción. "Mañana vamos a presentar un recurso de queja por retardo ante el Tribunal de Apelaciones", anunció.
Según Nissen, si los abogados de los Paiva piden regulación, "es un litigante de mala fe. Incluso, sería cobro indebido de honorarios. Le digo mucho cuidado con eso al Sr. Netto. Podrán presentar lo que quieran, pero el directorio les dio poder a ellos, y estaban autorizados para firmar los acuerdos y así lo hicieron". Remarcó que incluso podrían presentar denuncia penal.
El Paiva Sistem En Acción
La mesa coordinadora de los familiares de las víctimas del incendio del supermercado Ycua Bolaños plantea una reunión de diálogo entre las partes, para analizar y llegar a un acuerdo respecto al embargo para el pago de la regulación de honorarios al abogado de Juan Pío Paiva, que recibieron quienes perdieron sus juicios.
El próximo sábado esta fijado a las 14.00 el encuentro en el local del Memorial del siniestrado supermercado Ycua Bolaños, informó Calixto Prado, coordinador de los familiares de las víctimas.
Para la reunión están invitados Raúl Netto Villalba, abogado de Juan Pío Paiva, quien pidió la regulación de honorarios, y Ricardo Lataza uno de los abogados de las víctimas, que perdió unos 120 juicios.
DIALOGO. "Vamos a conversar y agotar las instancias que se puedan. Nosotros no vamos a pagar. Nadie va a pagar. O nos declaramos todos insolventes o habrá una pequeña revolución", refirió el coordinador.
COBRO. El responsable del grupo que fue afectado por la notificación de regulación de honorarios por sumas multimillonarias dijo que hay un listado de personas que no percibieron dinero de la indemnización que les concedió el Estado.
"Mucho se debe a que tienen problemas con la copia de la demanda presentada o simplemente porque no han presentado la fotocopia de la cédula de identidad autenticada", manifestó.
ANIVERSARIO. Ayer se cumplieron 7 años 3 meses del incendio del supermercado en el barrio Trinidad de Asunción. Desde muy temprano, los familiares y allegados realizaron una visita al oratorio. En la jornada de ayer, se ofició una misa en memoria de los que perecieron en el fatídico suceso.
El aniversario fue aprovechado por los afectados por el embargo para organizar el encuentro de diálogo para encontrar una posible solución, ya que nadie tiene la suma requerida por Netto.
EL CASO. Unas 50 personas figuran en el listado de los embargados por la regulación de honorarios del defensor del principal accionista del supermercado siniestrado.
Las familias afectadas, en su mayoría, han manifestado que se encuentran en una situación crítica, debido a que muchos no cuentan con casa propia, trabajo ni inmuebles para cubrir el monto exigido.
Los afectados aseguran que recurrirán a las instancias que correspondan, pero que no pagarán el dinero solicitado.
"ME VOY DEL PAÍS, YA NADA TIENE SENTIDO"
"Me voy a la Argentina, les voy a llevar a mis dos hijas, porque ya no me hallo en Paraguay, acá nada tiene sentido porque ya perdí todo", manifestó Librada Vega, cuyo marido murió en el incendio del supermercado.
La mujer dijo que no tiene casa y vive desamparada sin trabajo seguro.
Aseguró que en enero del siguiente año abandonará el país con sus hijas.
Hasta ahora lo que la detiene son sus padres, ya mayores, pero dijo que debe trabajar para que sus hijas estudien.
"No tengo trabajo seguro, solo vendo comestibles para ganarme la vida. Por las noches salgo a vender asaditos y panchos, pero no deja mucha ganancia. Apenas es para salvar el día", dijo la mujer.
"Es muy injusto lo que nos pasa, yo no sé qué hacer, nada puedo ofrecer. Es demasiado triste que nos sacaran todo", dijo la mujer.
Esta recordó que su marido, Crispiano Troche, fue al supermercado para hacer compras y nunca más salió del lugar.
"Con su muerte, nos quedamos solas con mis hijas. La vida ya dejó de ser la misma, parece que ya nada tiene sentido", expresó la mujer.
"Para completar mi desgracia, me viene el embargo de G. 73.239.831", dijo.
Lista parcial de abogados que podrían ser auditados (publicado en el Diario Abc 02/11/1): Abogados Montserrat Jiménez Granda, Filemón Delvalle Ríos, Pablo E. Zalazar, Luz Valinotti, Francisco R. Argüello, Roberto Correa Cuyer, Alfredo Medina López y Gabriel D. Caroni, Felipe Lovera, Alejandro Nissen, Ricardo Lataza, Manuel Álvarez, Juan Carlos Molas y Carmen Coronel de Airaldi, Celia Capurro, Norma Bassani de Alperín, Nelly Silvera, Víctor A. Yelsi, Jaime José Benítez y María Elena Cáceres de Scappini. La auditoría estará a cargo de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional
