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Últimos Avances en el caso Ycuá Bolaños

Juez levanta embargo de los bienes del Ycuá


El juez de Paraguarí, Blas Francisco Cabriza, levantó los embargos que pesaban sobre la sociedad Ycuá Bolaños y sobre los bienes de los procesados que fueron absueltos en el juicio oral: María Victoria Cáceres de Paiva, Agustín Alfonso y Antolina Burgos de Casaccia. Se trata de cerca de G. 60 mil millones.

El martes, el Parlamento aprobó una ley que indemniza en diversas escalas a los afectados por el incendio, por un monto de US$ 30 millones.

Con esta resolución, según los abogados de los afectados por el incendio, se hace más difícil que las víctimas que no tienen demandas civiles o laborales cobren indemnización por las muertes de parientes y lesiones sufridas el 1 de agosto del 2004, en el siniestro del supermercado, que costó unas 370 víctimas fatales.

La resolución del juez es para hacer efectiva la sentencia que condenó a los acusados Juan Pío Paiva, Humberto Casaccia, Víctor Daniel Paiva y el guardia Daniel Areco. En el mismo fallo, se había dispuesto el levantamiento de los embargos de los bienes de la sociedad Ycuá Bolaños, y de los absueltos.

El magistrado mantuvo los embargos para los condenados que son accionistas, Juan Pío Paiva y Humberto Casaccia, quienes eran propietarios del 1% de las acciones de la sociedad, de donde las víctimas podrán cobrar.

Según la distribución de acciones, que quedó estampada en el acta de la asamblea de accionistas del 2 de abril del 2004, la principal accionista es Viviana María Paiva Cáceres, hija de Juan Pío Paiva, que tiene el 58% de las acciones. La misma no es procesada ni imputada del caso.

MAGISTRADO. Nuestro corresponsal en Paraguarí, Carlos Oviedo, entrevistó al juez Cabriza, quien dijo: "He levantado el embargo de la sociedad, no así contra las personas condenadas, para que vaya a lo Civil para que puedan cobrar los trabajadores que tienen sentencia en lo Laboral y los que tienen acuerdos, así como el resarcimiento a las víctimas". Explicó, además, que ante su juzgado se puede acudir para el procedimiento de reparación del daño.

ABOGADOS. Según los abogados querellantes, Ricardo Latasa y Antonio Morínigo, con la decisión del magistrado es muy difícil que las víctimas cobren la indemnización, salvo que tengan todavía procesos civiles contra la sociedad Ycuá Bolaños.

Alegó que hace rato la empresa había pedido el levantamiento de los embargos. Refirió que era cuestión de horas, y que esperaban la decisión del magistrado Blas Cabriza.

Por su parte, el abogado querellante Antonio Morínigo remarcó que había una posibilidad más lejana de que las víctimas llegaran a cobrar el dinero de la indemnización.

Aseguró que no manejaba las cifras, pero que las acciones de los condenados eran mínimas con respecto a la sociedad Ycuá Bolaños.





 




Los familiares y afectados del siniestro del Ycuá Bolaños serán indemnizados por el Estado, luego de casi seis años. Las víctimas celebraron la decisión y esperan que el presidente cumpla la promesa.



Por Jorge Lombardo y Luján Román

El Congreso Nacional decidió durante la sesión de ayer que el Estado deberá indemnizar a víctimas y a los familiares del siniestro del supermercado Ycuá Bolaños, ocurrido el 1 de agosto de 2004.

El monto de la indemnización asciende a aproximadamente US$ 30 millones, que serán entregados a las víctimas y familiares con la sola acreditación de haber participado en las causas judiciales.

Los fondos indemnizatorios serán concedidos por el Ministerio de Hacienda, y deberán ser estipulados en el Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, el ministro de Hacienda Dionisio Borda dijo que no escuchó hablar del citado proyecto.

Este beneficio está destinado a los familiares de las 327 víctimas fatales del siniestro. Fue establecido que, por cada fallecido, el Estado abonará 3.000 mil jornales mínimos, alrededor de G. 160 millones. Mientras que por cada lesionado grave se destinarán 2.000 jornales mínimos; y por cada lesionado leve, unos 1.000 jornales mínimos.

Los cónyuges o parientes consanguíneos podrán reclamar en un plazo de treinta meses las indemnizaciones, una vez el presidente Fernando Lugo promulgue la ley.

Benicia de Astigarraga, una de las víctimas, confía en la promesa que hizo el presidente de apoyar este proyecto.

Es importante señalar que en el caso de que una familia haya perdido tres familiares, se le pagará por cada uno de ellos.

POSTURAS. Durante una sesión que casi fue levantada, el diputado del Unace Óscar Tuma dijo que el presidente Lugo "debajo de la mesa" pidió que no se aprobara la propuesta, y que debe dar la cara para decir si existe o no el dinero para el resarcimiento. "Fernando Lugo se comprometió a pagar y somos nosotros quienes nos hacemos cargo", señaló.

Por su parte, la diputada del PLRA Blanca Lila Mignarro indicó que el Estado no cuenta con el dinero para concretar el proyecto de ley.

En lo que respecta a la forma de pago de la indemnización, Carmen Rivarola, de la Asociación de Víctimas del Ycuá Bolaños, señaló que se buscarán propuestas de pago, ya que se trata de una suma considerable. "No pedimos que se haga este pago de una sola vez", dijo.

Entre las propuestas alternativas se cita la posibilidad de un pago fraccionado, o en cuotas cada seis meses. Asimismo, señaló que investigarán qué pasó con el dinero que vino como donación en el 2004.

PENAS. Las sanciones concretas del caso se establecieron recién en agosto del 2009, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas para Juan Pío Paiva, su hijo Víctor Daniel, el guardia Daniel Areco y Humberto Casaccia por homicidio doloso y tentado.

La pena de cárcel para el principal acusado, Juan Pío, fue de 12 años; para Daniel, 10 años; para el guardia, 5 años; y 2 años para Humberto Casaccia.

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