YCUÁ BOLAÑOS: JUSTICIA POPULAR Y SUMARIA, LA ÚNICA ALTERNATIVA

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Cuando no existe garantía de justicia sustancial alguna, apenas sí una formalidad a medias, el ciudadano se ve compelido a ejercer su originario y legítimo derecho.

Esta idea parte de las declaraciones del ministro de justicia Sindulfo Blanco quien, con el mayor descuido de todos, confesó que el poder judicial se maneja al margen de la institucionalidad y el orden constitucional. Ello lo hizo reclamando sin reservas la aceptación del nombramiento de miembros del consejo de la magistratura, en la más viceral negación de las formalidades de un sistema democrático, supuestamente dividido en tres poderes.

La actual corte de justicia de Paraguay ha llegado al punto de admitir sin reparos que sus miembros promuevan la no observación (violación) de las leyes vigentes. Ello por sentirse seguros en que tales actos no tendrán consecuencias a nivel interno. A nivel externo, poco le interesan las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de todo, dicho tribunal es subsidiario y solo se encarga de establecer sanciones civiles (indemnizaciones) contra los Estados que violen los Derechos Humanos; no tiene atribuciones para establecer penas, cárcel u otras sanciones punitivas (ello está a cargo del Tribunal Penal Internacional, pero para delitos y crímenes de guerra)

Recientemente el llamado “tribunal de sentencia” del caso del Incendio del supermercado Ycuá Bolaños(elegido luego de una larga cadena de inhibiciones, por medio de una larga campaña de presión de las víctimas) ha denunciado a la concejala municipal (por Asunción) por el P-MAS (Partido Movimiento Al Socialismo, homónimo del de Evo Morales) Rocío Casco, además de denunciar a víctimas del Ycuá Bolaños por “coacción” y otras verborrágicos y absurdos discursos. Ello se sumó a la denuncia del desleznable Manuel Aguirre, el juez sin conciencia (como se declaró públicamente ante los medios) que quiso dejar libre a los asesinos del Ycuá Bolaños; denuncia generada por una simple manifestación de escrache (o manifestación de repudio) frente a su casa, repudio hecho con total acción pacífica. En dicha ocasión, Rocío Casco expresó que las víctimas no aceptarían la ya cantada sentencia de homicidio culposo (léase libertad) de los acusados por la muerte de casi 400 personas (más de 400 si se considera los que murieron después por la depresión causante de enfermedades y/o suicidios)

Claramente es categórico que con la citada denuncia ese “tribunal” ya determinó su manifiesta posición parcialista en contra de las víctimas. Rocío Casco no es parte en el juicio y aunque lo fuera, tiene derecho a manifestarse pacífica y libremente, como la Constitución y las leyes se lo garantizan. Uno no puede aceptar una sentencia y es libre de hacerlo, otra cosa es que desacate tal sentencia. Así, un legítimo derecho (de manifestación) no puede ser coacción porque es parte fundamental de los derechos humanos del ciudadano. El juez que llame coacción a eso es porque vive y trabaja al margen de la ley; convirtiéndose en un vulgar criminal empotrado en un cargo judicial. Ello no es extraño en Paraguay, ya se mencionó como un ministro de la corte admitía que el poder judicial no funcionaba en la institucionalidad constitucional; es decir, que actuaba comprendido dentro de lo que establece el artículo 137 de la constitución paraguaya cuando se trata de actos de fuerza o de su derogación por medios distintos a la que la misma dispone. Sabido es que la derogación de una constitución se da por dos vías: La de los hechos (por su inobservancia y expresa negación de validez: el caso ya citado) o la del derecho irregular (disposiciones legales y estatales que declaran nula la constitución) Cuando se dan estos casos, el ciudadano queda libre de oponerse y resistirse a la arbitrariedad y opresión de las autoridades -que se convierten en usurpadores- del poder público. La constitución paraguaya no pone límites a dicho ejercicio de resistencia a la opresión.

Lamentablemente, en el campo de la práxis de lucha contra la opresión, la resistencia a los usurpadores ha sido escasa y limitada, es por ello la denuncia irracional de ese “tribunal” de sentencia (practicamente parcialista)

Ante esta situación desfavorable, las víctimas del Ycuá Bolaños solo tienen dos alternativas, que las enumeraré con una síntesis de probables consecuencias:

1- Impedir La Continuación De La Farsa Judicial y Recusar a los Jueces Manifiestamente Parciales:

Esta vía es escabroza y ya difícil de alcanzar, por las extremas medidas de seguridad adoptadas por ese tribunalcillo. Salvo continuos y permanentes escraches nocturnos que no dejen dormir ni circular raudamente a los supuestos jueces. Por otra parte, sería extender nuevamente los plazos procesales y permitir la extinción penal; dando absoluta impunidad a los Paiva; ello dejaría sin indemnización o reclamo civil alguno a las víctimas. Esta acción extrema deberá ser adoptada por todas las víctimas en forma firme e integral, si se decide seguirla, pero es la más dificultosa de todas.

2- Permitir La Continuidad De La Farsa y Seguir El Inútil Derrotero Judicial:

Esta opción tiene su ventaja, al menos permitiría abrir la vía civil para indemnizaciones, pero habida cuenta que el poder judicial no ofrece garantía alguna, podría terminar en la más atroz de las impunidades para los Paiva. De todas maneras, los Paiva serían condenados; por homicidio culposo, es cierto, pero condenados al fin y al cabo. No quedarían con el estatus de impunidad que tanto quieren. Ciertamente quedarían libres (prisión domiciliaria) y al poco tiempo saldrían a la calle. Pero en la calle reina la ley de la calle y en un país donde el poder judicial es solo una fachada, todo es posible.

Existe sin embargo una tercera vía, intermedia entre las ya expuestas. Es la de dejar que continue la farsa hasta su fin y luego denunciar a los más de 50 jueces inhibidos (sin causa real) para que sean procesado por tortura (ya que sus inhibiciones extendieron demasiado tiempo el proceso y causaron un innecesario y cruel sufrimiento a las víctimas) ello sin olvidar a ese remedo de juez que liberó a Juan Pío Paiva en condiciones absolutamente irregulares.

Ello, además de juzgar y condenar, en el Tribunal Ético Ciudadano y Popular, a los jueces que dispusieron la libertad de los Paiva en la lectura inacabada del juicio oral que se abortó por reclamo de las víctimas; además de los actuales jueces que liberarán de nuevo a los Paiva. Condenados Manuel Aguirre, Elio Ovelar y compañía, serían castigados con constantes e intermitentes escraches por el resto de sus vidas. Así terminarían ellos, y sus familias, en el más oscuro de los destierros sociales, serían los parias entre el resto de los paraguayos. Sus hijos cargarán también con esa condena, ya ha sucedido esto con los banqueros defraudadores; la lucha de los ahorristas estafados, de los años 1990, hasta la fecha continua.

Estos supuestos jueces tendrían que alegrarse mucho si el castigo que sufrirán sea solo de escrache y constante repudio social, porque no faltará quien resuelva la cuestión en una forma más extrema. Lo mismo le sucederá a ese “tribunal” que denunció a las víctimas (y que ya se manifestó como abiertamente parcialista) Justicia popular y sumaria, no hay otra alternativa. Ello además de la querella por tortura y malos tratos contra Manuel Aguirre y todos sus acólitos.

Si las autoridades públicas no observan la constitución, se convierten en usurpadores por ilegitimidad en el cargo, ante ello el ciudadano (según la constitución paraguaya) queda dispensado en ejercer la lucha contra la opresión... por todos los medios a su alcance, absolutamente todos los medios.

Abogado Alejandro Sánchez, Activista de Derechos Humanos

 

 

Informaciones y artículos relacionados:

 

 

Asunción, Paraguay, Miércoles 20 de Junio de 2007

Institucionalidad está rota, según Blanco

 

 

El ministro de la Corte Sindulfo Blanco dijo ayer durante una visita al Senado que hace rato la institucionalidad está rota en el país y que es una pena que algunos no se den cuenta. Consideró que la única salida es un diálogo entre los representantes de los tres poderes.

Sindulfo Blanco

“Ustedes nomás no se percataron de que la institucionalidad está rota en este país hace rato”, señaló a los periodistas el ministro Blanco. Fue al ser consultado sobre el conflicto desatado entre el Congreso y el Poder Judicial por la negativa del Senado a tomarle juramento a los miembros electos y designados del Consejo de la Magistratura. Esto a su vez motivó que la Corte Suprema retirase a su representante en el Consejo y resolviese no tratar más ternas de candidatos para designar jueces.

(más en el enlace del título)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueces del caso Ycuá Bolaños fueron a la Fiscalía para denunciar amenaza