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La gente pide a Lugo empleo y seguridad

Por Adolfino Aquino

aaquino@uhora.com.py

La gente reclama solución a la falta de empleo y a la inseguridad. El desafío más importante que tiene el presidente electo Fernando Lugo, en la primera etapa de su gobierno, es buscar la solución a estos dos problemas, según el resultado de una encuesta de percepción ciudadana realizada por Gabinete de Estudios de Opinión (GEO).

¿Cuál es el problema más urgente que debe resolver el nuevo gobierno? fue la pregunta. Las respuestas pueden verse desde dos perspectivas. Como los problemas más graves que enfrenta la sociedad en estos momentos o como los problemas más difíciles que debe afrontar el próximo gobierno. Las dos cuestiones están profundamente vinculadas, pero son diferentes.

La empresa encuestadora, en su análisis sobre los resultados del sondeo, sostiene que la contestación podía realizarse en dos oportunidades y que para facilitar la percepción consideró más apropiado sumar las dos opciones.

"Los problemas más graves son: la falta de empleos, 27.0%; la inseguridad, 21.0%; la pobreza, 17.4%; la falta de salud 15.0% y la corrupción 8.5%. Posteriormente aparecen otras cuestiones pero con porcentajes sensiblemente inferiores", señala el análisis de GEO.

Los encuestadores observaron que quienes viven en zonas rurales y en zonas urbanas tienen respuestas diferentes.

"El problema de la falta de tierra para el campesino es más comprendida en el área rural que en el área urbana, no así la pobreza y la falta de empleo", dice parte del análisis de los resultados de la encuesta.

"En las zonas rurales, aún cuando la necesidad de trabajo se perciba, la posibilidad de trabajar para satisfacer necesidades inmediatas es relativamente más fácil, no como un empleo fijo y sistemático, sino simplemente como changa o estrategia para sobrevivir", se deduce del sondeo de opinión.

"Existe una visión apropiada sobre los problemas claves y en general las cuestiones referidas a la situación de pobreza y sus consecuencias concretas, falta de salud, falta de empleo, están siendo claramente percibidas", informaron los encuestadores.

GEO analiza el comportamiento de los encuestados y sostiene que existe un deterioro de las pautas de comportamiento moral.

"Dos cuestiones son claves, se observan y ellas no son atribuibles a la pobreza: la corrupción y la inseguridad. En ambas situaciones la pobreza social también influye, pero sobre todo la situación de deterioro de las normas y pautas de comportamientos que hacen posible la vigencia de la moral ciudadana", afirma.

"La ausencia o el debilitamiento de los legítimos mecanismos de control convierte el tema en un aspecto clave para el futuro y debemos de tomarlo con la seriedad debida", concluye el análisis del trabajo realizado bajo la dirección general de José Nicolás Morínigo.

Amnesty Internacional  recuerda que el país es el cuarto más desigual en el mundo, y que en sesenta años solo se le usó y maltrató a la mayoría. Advierte sobre la inexistencia de una reforma agraria real y el avance peligroso para la vida de los agrotóxicos en el cultivo extensivo de la soja.

Presentación del informe de Amnistía Internacional, en el Hotel del Paraguay. Yolanda Park ofició de presentadora de un informe desolador sobre la realidad paraguaya.

Anoche, Amnistía presentó su informe anual 2008, de derechos humanos. Lo hizo en el Hotel del Paraguay.

Como lo anticipara un poco antes de las elecciones de abril pasado, el informe es sombrío, como la esperanza de los pobres en estos días de oscura llovizna.

Señala esta organización internacional que en los últimos sesenta años, los sucesivos gobiernos del Paraguay han mostrado más interés en ejercer el abuso de poder y en perseguir el provecho político personal antes que respetar los derechos humanos de las personas. Estos, dice, siguen presos de un estado prebendario, paternalista, clientelista, inoperante, ineficiente, lo que ha generado una profunda crisis en los campos de la seguridad pública, la administración de justicia, la pobreza y la exclusión por motivos étnicos y de género.

Sostiene la necesidad de acelerar las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Alfredo Stroessner.

Las violaciones de DD.HH. se materializan –recuerda– en desconocimiento y atropello a los derechos básicos de las personas: derechos a la salud, a la educación, a una vida digna, a la vivienda, la seguridad, a un ambiente sano, derecho al trabajo, entre otros. Recuerda que según el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Paraguay es el cuarto país con mayor grado de desigualdad en el mundo. “Los márgenes de la pobreza del país se han incrementado: de los aproximadamente 6.054.076 personas que habitan la República, el 35% vive en la pobreza y el 19,4% en la pobreza extrema”, sintetiza.

Advierte que “no se cuenta con una estrategia de reforma agraria ni de desarrollo rural”. A este cuadro, se suma “la expansión del cultivo de la soja que ha traído aparejado el uso indiscriminado de agrotóxicos con gran riesgo a la salud, provocando numerosos casos de desalojo forzoso del cual han sido víctimas las familias campesinas e indígenas”.

54 familias migran por día al departamento Central

Hasta 54 familias por día llegaron a migrar hacia el departamento Central entre los años 1992 y 2005, la mayoría de ellas campesinas, mientras más de la mitad del territorio nacional destinado al uso agrológico se encuentra en manos de solamente 3.794 propietarios que tienen más de 1.000 hectáreas.

Este estudio fue hecho por el Centro de Documentación y Estudios (CDE).

El departamento Central de 800.000 habitantes en 1992 pasó a 1.700.000, sin ninguna alternativa de puesto laboral.

La encuesta de hogares de 2007 detectó 104.000 personas en edad de trabajar que no tienen empleo. Este contingente de personas de algún lugar debe sacar para su sustento y constituyen uno de los grandes problemas que incrementan la pobreza extrema y la inseguridad, especialmente en el área metropolitana de Asunción, donde está ubicada la mayor parte de estas familias migrantes.

Tanto la concentración de la tierra en manos de unos pocos, como el crecimiento de los minifundios incluso menores a 3 hectáreas hacen que las familias rurales busquen alternativas laborales en otro sector que no sea labrar la tierra.

El estatuto agrario establece que será beneficiario de la reforma agraria la persona que tenga como profesión el uso de la tierra, sin embargo, la falta de lotes y el crecimiento poblacional lógico lleva a la acumulación de interesados.

Si bien no existen cifras reales sobre la cantidad de familias sin tierras -cada organización establece su propio censo- el Censo Nacional del 2002 establece que el 26% de las familias campesinas son sintierras, que con el cálculo matemático de establecer cinco personas por familia, llegan a 126.000 familias sin tierra.

Este grupo forma parte de los que en edad de trabajar no tienen cómo hacerlo sin contar con el terreno, que hoy son todos propiedades privadas que el Estado no se encuentra en condiciones de comprar por factores que tienen que ver con el dinero y la falta de ofertas.

Los propietarios que hoy están afectados por las ocupaciones campesinas no quieren vender sus tierras, mientras que quienes la ofertan lo hacen a precios de mercado que llegan a millones de guaraníes la hectárea como en la zona de Alto Paraná y Misiones.

Para Quintín Riquelme del CDE esta gente no tiene otra opción que la ocupación para forzar la negociación y por esa vía acceder a la tierra.

"¿Quién es el invasor?, ¿el grupo de 100.000 familias que quiere tierra o el propietario que tiene 100.000 hectáreas de tierra?", se preguntó el experto.

ARRAIGO. La reforma agraria tiene un componente tan esencial como la tierra: el programa de arraigo de las familias que posteriormente serán productores y necesitarán asistencia técnica y crediticia en el proceso de producción y comercialización.