El Tribunal Etico contra la Impunidad (TECI) denunció que el abogado Rubén Arcadio Franco, camarista de la circunscripción judicial del Ñeembucú, querelló a los nueve miembros de la Contraloría Ciudadana del departamento por haber solicitado una auditoría a su gestión. El funcionario reclama una indemnización de G. 500 millones de cada uno para “acallarlos”.
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| Alberto Granada y Antonio Palazón visitaron nuestra redacción para denunciar los abusos cometidos en contra de los ciudadanos de Ñeembucú. |
Antonio Palazón y Alberto Granada, presidente y secretario, respectivamente, del TECI, denunciaron el hecho durante una visita a nuestra redacción.
La Contraloría Ciudadana y Defensoría de Ñeembucú, mediante una nota, solicitó que el TECI realice un seguimiento de la demanda judicial entablada por el abogado Rubén Arcadio Franco Villalba, miembro del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción judicial del Ñeembucú, por supuesto daño moral. El camarista reclama una indemnización de G. 500 millones de cada uno de los componentes de dicha organización, encabezada por Mons. Mario Melanio Medina, asesor de la Red de Contralorías Ciudadanas del Paraguay. Otros integrantes son Ludmila Riveros de Sánchez (Ciudadanos en Acción), Norma Aquino de Romero (Pilar Jaipotáva), el abogado Víctor Ríos Ojeda, Elda Velazco de Riveros (presidenta de la Contraloría Ciudadana del Ñeembucú), Víctor Hugo Benítez (Parlamento Joven), Edgar López Benítez (coordinador departamental de Contralorías) y el abogado Alejandro Sánchez Riveros.
La demanda del alto funcionario judicial se basa en una solicitud que la Contraloría Ciudadana y Defensoría de Ñeembucú ha presentado a los ministros del Consejo de Superintendencia del Poder Judicial. Piden intervenir la circunscripción judicial por la generalizada inquietud de la ciudadanía sobre irregularidades en el funcionamiento de la administración de la justicia en la zona.
Granada señaló que la Contraloría en ningún momento acusó, sino solamente solicitó la intervención, a raíz de las inquietudes de la ciudadanía.
Agregó que el abogado de Franco Villalba, Oscar Tuma, “públicamente ha dicho que la única forma de hacerlos callar a estos charlatanes es poniéndoles una multa”.
“La intención es acallar las denuncias. No tiene ningún asidero jurídico porque no acusaron”, dijo Granada.
Por otro lado, subrayó que existe preocupación por el nombramiento arbitrario del intendente de Isla Umbú, profesor Silverio Romero (ANR), como director del colegio Contraalmirante Ramón E. Martino.
